Abren via legal para intervención de Estados Unidos en México, se podría aplicar jurisdicción extraterritorial y actuar en contra de grupos criminales qué se dediquen al narcotráfico.
La declaración de terroristas para los grupos criminales dedicados al narcotráfico por parte del gobierno de Estados Unidos ha abierto una puerta para que por la vía legal se permita la intervención de las fuerzas armadas e inteligencia Estados Unidos en territorio mexicano, esta vía es conocida como jurisdicción extraterritorial.
La jurisdicción extraterritorial se refiere a la capacidad de un Estado para aplicar sus leyes y ejercer su autoridad judicial más allá de sus fronteras territoriales, sobre personas, actos o bienes ubicados en otro país. En el contexto de Estados Unidos y México, esta jurisdicción implica que las autoridades estadounidenses podrían investigar, procesar o sancionar a individuos o entidades en México por actividades que, según la legislación Norteamericana afecten sus intereses, incluso si los actos se cometieron fuera de su territorio.
En el caso de México con Estados Unidos, especialmente en casos de crimen organizado, narcotráfico, terrorismo o violaciones a derechos humanos. El Título 18 del Código Penal de EE. UU. permite procesar delitos como el narcotráfico o el apoyo a organizaciones consideradas terroristas tal es el caso de «Los Mayitos», acusados de vínculos con terrorismo bajo el artículo 2339.
Ya hay antecedentes históricos, Estados Unidos ha aplicado jurisdicción extraterritorial para enjuiciar a miembros de cárteles mexicanos, como el caso de Marciano Millán Vásquez («Chano») de Los Zetas, condenado en Texas por asesinatos en México que facilitaron el tráfico de drogas hacia territorio de Estados Unidos, los fiscales argumentaron que los crímenes tenían un impacto directo en Estados Unidos y con ello justificaron su jurisdicción.
Ahora bien con los cárteles mexicanos ya designados como Organizaciones Terroristas permite la posibilidad de invocar leyes antiterroristas para actuar contra ellos en México, incluyendo operaciones como congelar activos, negar visas, como la de la gobernadora de Baja California o el de Tamaulipas, o incluso acciones militares.
Algunas voces en México han expresado preocupación por posibles operaciones encubiertas o directas, como las más recientes del ICE en Sinaloa detectando y desactivando un narco laboratorio, acciones amparadas por la jurisdicción extraterritorial, especialmente si se declara a los cárteles como terroristas.
La aplicación de la jurisdicción extraterritorial es vista como una amenaza a la soberanía de México, ya que implica que el gobierno de Donald Trump podría actuar sin el consentimiento del gobierno mexicano. Esto ha generado críticas tanto en México como en foros internacionales.