Causa polémica la integración del Ejército en actividades civiles, tras reforma enfocada en la participación de mandos de la Guardia Nacional en cargos públicos mediante “licencia especial” otorgada por la Sedena o el titular de la GN.
Las recientes reformas constitucionales en México han consolidado la participación del Ejército en actividades civiles a través de la Guardia Nacional y han abierto la posibilidad para que sus miembros activos compitan por cargos de elección popular, generando un amplio debate sobre la militarización de la seguridad pública y sus implicaciones democráticas.
Creada en 2019 como una institución de seguridad pública de carácter civil, la GN quedó bajo el control operativo, administrativo y presupuestal de la Secretaría de la Defensa Nacional tras una reforma en 2022.
En 2024, una nueva reforma reafirmó esta integración, a pesar de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenaba su regreso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La GN, con un presupuesto de 70 mil millones de pesos en 2024, realiza tareas de seguridad pública, asistencia social y apoyo en emergencias, como la distribución de vacunas y labores en desastres naturales.
Una reforma aprobada en 2024 permite a los elementos activos de la GN postularse a cargos municipales, estatales o federales mediante una “licencia especial” otorgada por la Sedena o el titular de la GN. Esta disposición ha sido criticada por su discrecionalidad y la falta de supervisión civil, lo que, podría politizar a la institución y empoderar al Ejecutivo.
Además, la extensión del fuero militar a los elementos de la GN ha generado preocupación por limitar la rendición de cuentas en tribunales civiles.
El Ejército y la GN han ampliado su presencia en funciones civiles, incluyendo la entrega de apoyos sociales, la vigilancia en el Metro de la Ciudad de México y tareas de asistencia en comunidades, como en Culiacán. Aunque estas acciones se justifican bajo la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, críticos advierten sobre una creciente militarización en ámbitos que deberían ser exclusivos de instituciones civiles.
El diputado Leonel Godoy Rangel de Morena, argumenta que la integración de la GN a la Sedena fortalece la lucha contra la delincuencia organizada sin comprometer su carácter civil. Por otro lado, opositores como el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo de Movimiento Ciudadano, señalan riesgos para la democracia, la autonomía de las instituciones y la transparencia en el uso de recursos públicos.
La integración del Ejército en actividades civiles y la posibilidad de que la GN participe en cargos públicos reflejan un cambio significativo en el modelo de seguridad pública en México.
Las reformas han intensificado el debate sobre el equilibrio entre seguridad, rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones civiles, mientras persisten las dudas sobre su impacto en la democracia.