Alcaldesa de Acapulco busca silenciar a medio crítico bajo acusaciones de “violencia política de género”, al parecer la morenista, Abelina López Rodríguez, le molesta que se le cuestione por inconsistencias en el manejo de 898 millones de pesos de recursos federales destinados a la recuperación tras el huracán Otis.
La alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, ha generado controversia al lograr que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero sancione al medio digital Acapulco Trends y a su director, Jesús Gabriel Castañeda Arellano, por supuesta “violencia política de género”.
La resolución, emitida el 15 de julio de 2025, obliga al medio a emitir disculpas públicas durante 15 días consecutivos, publicar un extracto de la sentencia por 30 días y pagar una multa de 22,628 pesos, además de inscribir a Castañeda en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres.
Este caso ha desatado críticas por lo que muchos consideran un intento de censura disfrazado de defensa de derechos de género, evocando el polémico precedente del caso “Dato Protegido”.
El conflicto tiene su origen en una serie de publicaciones de Acapulco Trends en 2023, donde se señalaron irregularidades en la gestión de López Rodríguez, incluyendo el manejo de 898 millones de pesos de recursos federales destinados a la recuperación tras el huracán Otis.
Según Castañeda, las críticas se centraron en la falta de transparencia de la alcaldesa, quien se negó a ser auditada por la Auditoría Superior del Estado y enfrenta una denuncia por posible ejercicio ilícito del servicio público.
Sin embargo, la denuncia de López Rodríguez, presentada a finales de 2023, argumenta que las publicaciones del medio incurrieron en expresiones misóginas que atentaron contra sus derechos político-electorales.
La sentencia del TEEG, respaldada por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinal y el secretario instructor Alejandro Ruíz Mendiola, sostiene que las publicaciones de Acapulco Trends excedieron los límites de la libertad de expresión al incluir un “lenguaje discriminatorio cargado de estereotipos de género”.
Sin embargo, no se han hecho públicas las pruebas específicas que sustenten estas acusaciones, y el expediente aparece como “dato protegido” en los registros del tribunal, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Castañeda asegura que no fue notificado formalmente de la denuncia, lo que limitó su derecho a una defensa adecuada, y que se enteró de la sanción a través de medios de comunicación.
El caso ha levantado alarmas entre periodistas y defensores de la libertad de expresión, quienes ven en la resolución un uso indebido de la figura de “violencia política de género” para silenciar críticas legítimas.
En redes sociales, usuarios y comunicadores han comparado este caso con el de “Dato Protegido” en Sonora, donde una ciudadana fue obligada a disculparse públicamente por publicaciones en X, señalando un patrón de instrumentalización de la justicia electoral para coartar la libertad de prensa.
Por su parte, Acapulco Trends ha iniciado el cumplimiento de las disculpas públicas para evitar sanciones adicionales, que podrían incluir cárcel para Castañeda.
No obstante, el medio insiste en que continuará investigando y denunciando presuntos actos de corrupción. “La libertad de expresión no es un delito, y seguiremos informando con responsabilidad”, afirmó Castañeda en un comunicado.
Este caso pone en evidencia un preocupante precedente en México, donde el periodismo crítico enfrenta crecientes obstáculos legales. La falta de claridad en las acusaciones, la opacidad del proceso y el uso de figuras legales destinadas a proteger derechos para, en cambio, reprimir la crítica, plantean serias preguntas sobre el estado de la libertad de expresión en Guerrero y en el país.