Rocío Nahle insiste en minimizar muerte de la maestra Irma, señala que la causa de muerte fue un infarto lo que ha provocado indignación generalizada, ya que parece minimizar la brutalidad del crimen perpetrado contra la docente.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha insistido en que la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, de 62 años, falleció a causa de un infarto derivado de la violencia extrema sufrida durante su secuestro el pasado 17 de julio en el municipio de Álamo Temapache.
Esta declaración ha generado indignación generalizada, ya que parece minimizar la brutalidad del crimen perpetrado contra la docente, quien fue privada de la libertad, violentada y obligada a grabar un video intimidatorio rodeada de hombres armados antes de su muerte.
Según Nahle, los informes forenses indican que la causa de muerte de Hernández Cruz fue un paro cardíaco provocado por el estrés físico y emocional al que fue sometida.
“Fue violentada la maestra. Nos están indicando los forenses que, a raíz de esta violencia, le dio un infarto”, señaló la mandataria.
Sin embargo, esta narrativa ha sido percibida como un intento de reducir la gravedad de un caso que expone la inseguridad rampante en Veracruz y la vulnerabilidad de sectores como el gremio de taxistas, afectados por el cobro de piso y la extorsión.
El cuerpo de Irma Hernández fue hallado el 24 de julio en una construcción improvisada en un predio cercano a Álamo, tras un operativo del Ejército Mexicano que también localizó armas, chalecos tácticos y vehículos abandonados por los presuntos responsables, identificados como parte de un grupo criminal autodenominado Mafia Veracruzana.
A pesar de la detención de dos sospechosos, Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”, la insistencia de Nahle en destacar el infarto como causa de muerte ha sido interpretada como una maniobra para desviar la atención del contexto de violencia extrema y la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad.
La difusión de un video donde Hernández Cruz aparece hincada, esposada y rodeada por al menos diez hombres armados, obligada a enviar un mensaje intimidatorio a sus compañeros taxistas, ha avivado la indignación pública.
En redes sociales, usuarios han calificado las declaraciones de Nahle como “indolentes” y “repudiables”, acusándola de trivializar un crimen que refleja el control del crimen organizado en la región. “A Irma Hernández la secuestraron, la extorsionaron, la violentaron, 12 encapuchados con armas largas la hicieron grabar un video, ¿y qué dice la gobernadora? Que murió ‘de un infarto’. Qué manera de minimizar el horror que se vive en este país”, expresó un usuario en X.
La postura de Nahle, quien ha reiterado que no habrá impunidad y que su gobierno no tiene pactos con grupos criminales, contrasta con la percepción de una ciudadanía que ve en sus palabras un intento de suavizar la gravedad de un asesinato vinculado a la extorsión.
La gobernadora ha asegurado que la Fiscalía General del Estado y la Federación trabajan en conjunto para esclarecer el caso, pero la falta de énfasis en la responsabilidad directa de los agresores y el contexto de inseguridad ha generado cuestionamientos sobre su compromiso con la justicia.
El caso de Irma Hernández no es aislado. Veracruz lleva años sumido en una crisis de violencia ligada al crimen organizado, donde el cobro de piso y los secuestros son una realidad diaria para trabajadores como los taxistas.
La muerte de la maestra jubilada no solo indigna por su brutalidad, sino también por la aparente indiferencia de las autoridades al reducir un acto de terrorismo criminal a un simple “infarto”.
La sociedad veracruzana exige respuestas claras, justicia efectiva y medidas concretas para desmantelar las redes criminales que han arrebatado la tranquilidad de sus comunidades.