Gobernadora de Campeche, Layda Sansores busca eliminar propiedad privada, la mandataria de Morena propuso una Reforma a la Ley de Expropiación en Campeche busca facilitar la expropiación de predios privados bajo el argumento de «utilidad pública».
El Congreso del Estado de Campeche aprobó el pasado 4 de septiembre una reforma a la Ley de Expropiación y Limitaciones al Derecho de Propiedad, propuesta por la gobernadora Layda Sansores.
La iniciativa, respaldada por la mayoría de Morena, ha generado controversia por facilitar la expropiación de predios privados bajo el argumento de «utilidad pública».
Con ello el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobierno, podrá declarar predios como de utilidad pública para proyectos de infraestructura, hospitales, escuelas o vivienda social.
Los propietarios tendrán solo cinco días hábiles para responder a la notificación de expropiación, publicada en el Periódico Oficial del Estado, frente a los 15 días de la ley federal.
El valor de los predios se basará en la última transacción comercial registrada, ajustada por inflación, lo que podría implicar pagos por debajo del valor actual. El pago podrá realizarse en plazos de hasta 10 años, sin intereses por demora.
La reforma elimina la posibilidad de apelar administrativamente, dejando el juicio de amparo como única vía de defensa.
La reforma, apodada «Ley Alito» por el diputado morenista Carlos Ucán, ha sido señalada por la oposición como un posible instrumento político contra el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, acusado de adquirir propiedades con recursos cuestionables. Moreno ha calificado la ley como una persecución política y un atentado al patrimonio.
Diputados del PRI, Movimiento Ciudadano y PRD critican la reforma por limitar el derecho de defensa y vulnerar la propiedad privada.
Ciudadanos, como Karina Villarino, han expresado preocupación por la posible pérdida de patrimonios familiares. Analistas advierten sobre el riesgo de que medidas similares se repliquen en otros estados si no hay oposición ciudadana.
La reforma amplía las facultades del gobierno para expropiar, lo que ha generado debate sobre el equilibrio entre el desarrollo estatal y la protección de derechos individuales.
