Inicia prueba piloto para registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México

Inicia prueba piloto para registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil en México, los usuarios que adquieran una nueva línea móvil, ya sea de prepago o pospago, deberán presentar un documento oficial que incluya su CURP para vincular su identidad con el número telefónico.

 

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en colaboración con las principales operadoras de telefonía móvil en México —Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán—, dio inicio el 1 de septiembre de 2025 a una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil.

Esta iniciativa forma parte de las disposiciones de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada el 16 de julio de 2025 y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de combatir delitos como extorsión, fraudes y otras actividades ilícitas realizadas mediante líneas telefónicas.

El ejercicio, que concluirá en octubre de 2025, busca optimizar los procesos de registro de usuarios antes de que el registro obligatorio de nuevas líneas entre en vigor en todos los puntos de venta.

Durante esta fase piloto, los usuarios que adquieran una nueva línea móvil, ya sea de prepago o pospago, deberán presentar un documento oficial que incluya su Clave Única de Registro de Población para vincular su identidad con el número telefónico.

Este trámite se realizará en los centros de atención a clientes de las operadoras participantes.

Jorge Luis Pérez Hernández, titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, explicó que la prueba permitirá identificar áreas de mejora en los procesos de registro a cargo de los concesionarios y comercializadores de servicios móviles.

Además, aseguró que los datos personales de los usuarios estarán protegidos por las compañías telefónicas, en cumplimiento con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el gobierno no tendrá acceso a esta información.

Para las líneas móviles ya activas, que suman aproximadamente 142.3 millones según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, se establecerá un periodo adicional para su registro, con la posibilidad de realizarlo de manera remota para facilitar el proceso a los usuarios.

Aunque no se han especificado las fechas exactas para este periodo, las operadoras habilitarán plataformas digitales para agilizar el trámite.

La implementación de este registro ha generado controversia pues organizaciones civiles y defensores de derechos digitales han expresado preocupaciones, calificando la medida como una potencial “ley espía” que podría vulnerar la privacidad de los usuarios.

Estas críticas recuerdan la invalidación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que un registro similar afectaba los derechos a la privacidad y no era efectivo para combatir delitos.

A pesar de las críticas, el gobierno y las operadoras destacan que el programa busca fortalecer la seguridad pública. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, nuevo organismo que reemplazará al IFT, deberá emitir los lineamientos definitivos del registro a más tardar en diciembre de 2025.

A partir de entonces, las operadoras tendrán 120 días hábiles para implementar el padrón, lo que establece un plazo límite de junio de 2026 para que todas las líneas activas estén registradas.

De no cumplir con este requisito, las líneas podrían quedar restringidas a solo realizar llamadas de emergencia al 911.

La prueba piloto cuenta con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se formalizó con la firma de un acuerdo entre la ATDT y representantes de las operadoras, en un evento que incluyó a directivos como Gabriel Contreras de AT&T, Zaira Pérez de Altán Redes, Alejandro Cantú de América Móvil, Gabriel Cejudo de Bait y Camilo Aya Caro de Telefónica Movistar México.

Esta medida representa un paso significativo hacia la regulación de las telecomunicaciones en México, con el desafío de equilibrar la seguridad pública y la protección de los datos personales de los usuarios.