Diputada federal de Morena es señalada de vínculos con grupo criminal, Hilda Araceli Brown, legisladora por Baja California fue sancionada por el Gobierno de Estados Unidos, quienes la señalan por brindar protección a delincuentes cuando era alcaldesa en Rosarito, Baja California.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, impuso sanciones financieras contra Hilda Araceli Brown Figueredo, actual diputada federal por Morena en Baja California, por su presunta colaboración con «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa durante su gestión como alcaldesa de Playas de Rosarito.
Las medidas, anunciadas este jueves, forman parte de una acción más amplia contra una red de corrupción, lavado de dinero y tráfico de drogas vinculada al cártel, considerada por Washington como una organización terrorista extranjera.
Incluso la OFAC designó a Brown Figueredo como una «operadora política» del Cártel de Sinaloa, acusándola de facilitar el control del grupo criminal sobre el gobierno municipal de Rosarito, un municipio costero a unos 24 kilómetros al sur de la frontera con California, clave para el contrabando de drogas como el fentanilo.
Según el comunicado oficial del Tesoro, Brown mantuvo una «estrecha relación personal» con Candelario Arcega Aguirre, un operador político afiliado al cártel, quien supuestamente utilizó su influencia para colocar aliados en cargos clave, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública de Rosarito.
El documento detalla que Brown, junto con Arcega y el empresario Jesús González Lomelí, actuaron como intermediarios entre los hermanos Alfonso y René Arzate García (conocidos como «Aquiles» y «La Rana», jefes de plaza de «Los Mayos» en Baja California) y el gobierno local.
Entre las actividades señaladas se encuentran:
- Recaudación de pagos de extorsión a nombre de los Arzate.
- Gestión de operaciones criminales en la zona.
- Garantía de protección para actividades ilícitas mediante el Departamento de Seguridad Pública municipal.
Rosarito es descrito por la OFAC como un «corredor crucial» para el tráfico de narcóticos hacia EE.UU., dada su proximidad fronteriza.
Las sanciones también incluyen a cinco individuos adicionales y 15 empresas en Rosarito, principalmente bares, restaurantes, hoteles y firmas de transporte controladas por González Lomelí, usadas presuntamente para blanquear dinero del narcotráfico.
Todos los bienes de Brown y los demás en territorio de EE.UU. quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instruyó el bloqueo administrativo de cuentas de siete personas, incluyendo a Brown, por presunto lavado de dinero.
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró que esperará las investigaciones correspondientes de la Fiscalía General de la República para actuar, enfatizando que las medidas son preventivas y no implican culpabilidad probada.