Que siempre no va «Ley Antistickers», el diputado de Morena que quiso criminalizar los memes con IA se retracta, pero la sombra de la censura persiste.
En un giro que parece sacado de una sátira digital, el diputado federal Armando Corona Arvizu, conocido por su controvertida «Ley Antistickers», anunció este viernes su retractación parcial ante la avalancha de críticas que generó su iniciativa para reformar el Código Penal Federal.
La propuesta, presentada el 23 de septiembre en la Gaceta Parlamentaria, buscaba penas de hasta seis años de prisión y multas de 300 a 600 días de salario mínimo por la creación o difusión de memes, stickers, audios o videos manipulados con inteligencia artificial sin consentimiento, siempre que estos «ridiculicen, acosen o dañen la reputación» de una persona.
El escándalo estalló cuando se reveló que las sanciones se duplicarían –hasta nueve años– si la víctima era un servidor público, lo que muchos interpretaron como un blindaje contra la sátira política.
Corona Arvizu, un legislador de 30 años originario de Baja California Sur y con un historial de propuestas legislativas curiosas –como agregar la palabra «presidenta» a la Constitución o penalizar el «ghosting» laboral–, justificó inicialmente su iniciativa como una herramienta contra el ciberacoso rampante en México.
Citando datos del INEGI, argumentó que 18.9 millones de usuarios sufrieron violencia digital en 2024, y relató casos de menores que, víctimas de deepfakes, cayeron en depresión o incluso suicidio.
«La tecnología debe servir a la humanidad y no ser un instrumento para la destrucción», declaró en su exposición de motivos, recordando una iniciativa similar de febrero de 2024 contra audios falsos de figuras públicas.
Sin embargo, la redacción ambigua del proyecto, que no distingue claramente entre «burla maliciosa» y «humor legítimo», desató un vendaval en redes sociales y entre defensores de la libertad de expresión.
La «ley antimemes», fue señalada de coartar la crítica al poder y fomentar la autocensura. Organizaciones como Artículo 19 y analistas legales advirtieron que la propuesta podría violar el artículo 6 de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y abrir la puerta a abusos judiciales similares a los vistos en casos como el de la diputada del PT Karina Barreras, quien obligó a una ciudadana a disculparse públicamente por críticas en redes.
La presión fue tal que Corona publicó un vídeo donde se disculpó públicamente: «Reconozco que la inclusión de servidores públicos generó rechazo por el riesgo de limitar la sátira política. Modificaré el proyecto para excluir a funcionarios y enfocarlo solo en sectores vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas mayores y con discapacidad».
Aseguró que la iniciativa «va adelante», pero «sin prohibir memes o humor legítimo», y enfatizó su objetivo en prevenir daños psicológicos reales derivados de la IA.
Una retractación a medias, si bien el combate al ciberacoso es impostergable, la Ley Olimpia ya sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, pero deja lagunas en deepfakes no sexuales, la propuesta original peca de sobrealcance.
En un país donde la sátira es el arma de los ciudadanos contra la opacidad gubernamental, incluir a funcionarios con penas agravadas huele a elitismo punitivo.
Morena, con su supermayoría en el Congreso, ha impulsado reformas progresistas en género y derechos, pero iniciativas como esta evocan un patrón preocupante: el uso de la «violencia digital» como pretexto para regular el disenso. La iniciativa, turnada a comisiones, podría modificarse antes de dictamen, pero ya dejó una lección: en la era de la IA, regular la burla es tan riesgoso como ignorar sus daños.
México necesita leyes que empoderen a las víctimas sin amordazar a los críticos. De lo contrario, los memes no solo ridiculizarán a los políticos: los sepultarán.