Alcalde de Puerto Vallarta criticado por utilizar a estudiantes de primaria y secundaria en su Informe de Gobierno, Munguía lejos de reflejar un interés genuino en la niñez, parece responder a una estrategia para proyectar una imagen de apoyo popular y también evitar la presencia de voces críticas en su ejercicio de rendición de cuentas.
El primer informe de gobierno del presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, ha desatado una ola de críticas tras la controversial presencia de cientos de estudiantes de primaria y secundaria en el evento realizado en el Centro Internacional de Convenciones.
Padres de familia denuncian engaños y prácticas de acarreo, acusando al gobierno municipal de manipular a menores para inflar la asistencia al acto político-administrativo.
Los estudiantes, provenientes de instituciones como la Telesecundaria Adolfo Ruiz Cortines, la Secundaria Técnica 81, la Secundaria No. 29 y diversas primarias, fueron llevados al evento bajo pretextos falsos sin mencionar que vendrían a un acto político.
En varios casos, se les hizo firmar documentos que mencionaban talleres o excursiones educativas, sin informar que el verdadero destino era el informe del alcalde. Algunos padres, quienes no fueron debidamente informados no dieron un consentimiento claro para la participación de sus hijos.
Una posible justificación sería que días antes se destacaron acciones de gobierno con un enfoque en la niñez, ya sea con programas de entrega de tablets, uniformes escolares y los denominados Tukilandias.
La presencia de menores en un evento de rendición de cuentas, de clara naturaleza política, ha sido calificada como una acción éticamente cuestionable que desvirtúa el propósito cívico del informe.
En lugar de un acto formal, el evento adoptó un tono de espectáculo en lugar de una rendición de cuentas seria.
En plena crisis por falta de camiones para el transporte público, se utilizaron al menos 25 camiones de transporte urbano para trasladar tanto a estudiantes como a simpatizantes del Partido Verde.
Esta práctica, señalada como acarreo, involucró directamente a directivos de las escuelas, quienes organizaron la asistencia de los menores sin proporcionar información transparente a las familias.
La ciudadanía cuestiona duramente la decisión de Munguía de involucrar a menores en un acto político, señalando que esta acción no solo carece de justificación ética, sino que también convierte un ejercicio de transparencia en una puesta en escena.
La presencia de los estudiantes, lejos de reflejar un interés genuino en la niñez, parece responder a una estrategia para proyectar una imagen de apoyo popular, lo que ha generado un rechazo generalizado y demandas de mayor responsabilidad en el uso de recursos públicos y el respeto a la comunidad educativa.