Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas

Chihuahua prohíbe el lenguaje inclusivo en escuelas, se convierte en la primera entidad en México que veta su uso en la enseñanza. La iniciativa, impulsada por el Partido Acción Nacional busca priorizar las «reglas gramaticales y ortográficas correctas» del español, señaló el diputado Carlos Olson San Vicente.

 

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación que prohíbe el empleo del lenguaje inclusivo en las aulas de educación básica, convirtiendo a la entidad en la primera del país en adoptar una medida de este tipo.

La iniciativa, impulsada por el Partido Acción Nacional busca priorizar las «reglas gramaticales y ortográficas correctas» del español, según argumentó el diputado Carlos Olson San Vicente, quien la presentó en diciembre de 2024 y la defendió en el pleno legislativo.

La modificación añade una fracción al artículo 8º de la ley, estableciendo que las autoridades educativas, tanto en escuelas públicas, municipales, descentralizadas como privadas con validez oficial, deberán «fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español».

Aunque el texto no menciona explícitamente el lenguaje inclusivo, Olson lo interpretó como una prohibición directa celebrando en redes sociales:

«¡LO LOGRAMOS! Chihuahua es el primer estado del país en prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas. No más lenguaje ideologizado en los salones ni confusiones woke: sólo la verdad biológica de que únicamente existen niños y niñas, no ‘niñes’. ¡Sentido común sobre ideología!».

El diputado panista, conocido por sus posturas conservadoras, incluyendo oposición al aborto, justificó la reforma como una protección al aprendizaje infantil, alegando que el lenguaje inclusivo «adoctrina a nuestros niños y entorpece el aprendizaje».

Citó ejemplos internacionales, como las prohibiciones en El Salvador bajo Nayib Bukele, Francia, Argentina y retrocesos en Chile y Paraguay, y a la lingüista mexicana Concepción Company Company, quien ha calificado el lenguaje inclusivo como un «falso problema que distrae de los verdaderos retos educativos».

Olson enfatizó que la medida no restringe la expresión personal fuera de las aulas, pero sí obliga a docentes y materiales educativos a apegarse a las normas tradicionales del español para preservar la «identidad cultural e histórica».

La aprobación se dio por mayoría en una sesión de más de hora y media, con apoyo de diputados del PAN, PRI y PVEM.

Sin embargo, generó un intenso debate: la bancada de Morena, liderada por Óscar Avitia Arellanes, presentó mociones para regresar la iniciativa a comisiones por falta de consulta con expertos en derechos humanos y educación inclusiva, pero fueron rechazadas.La diputada Elizabeth Guzmán Argueta del PT criticó el «sesgo conservador» del dictamen.

La reforma ha polarizado opiniones en redes sociales y entre colectivos pues activistas LGBT+ y organizaciones como la Alianza por la Defensa del Estado Laico la tildan de retroceso en derechos lingüísticos y visibilización de la diversidad de género, argumentando que carece de sustento científico y se basa en motivaciones políticas.

Por otro lado, defensores como Olson y usuarios afines celebran un «triunfo del sentido común» contra la «imposición ideológica».

El decreto será enviado al Ejecutivo estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, momento en que entrará en vigor.

Esta medida posiciona a Chihuahua como referente en un debate nacional sobre lengua, educación e inclusión, en un contexto donde el lenguaje inclusivo ha ganado terreno en documentos oficiales federales, pero enfrenta resistencias conservadoras.

La discusión podría escalar si otros estados o la federación responden con iniciativas similares o contrarias.