Policías de Puerto Vallarta evitarán prisión por abuso de autoridad tras alcanzar un acuerdo judicial que incluye el pago de 44 mil 400 pesos y diversas medidas cautelares, luego de retener ilegalmente a una menor en 2022.
Por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública, los policías municipales Jaime “N” y Sandra Leticia “N”, así como la trabajadora social Delia “N”, obtuvieron la suspensión condicional del proceso que enfrentaban en Puerto Vallarta.
En audiencia realizada en los juzgados del Octavo Distrito Judicial, el juez de Control y Oralidad, Miguel García Hernández, resolvió que los imputados podrán evitar prisión siempre y cuando paguen 44 mil 400 pesos como reparación del daño: 23 mil 400 pesos destinados a la víctima y 21 mil pesos a la asociación civil Ayudemos a Vallarta, en beneficio de la sociedad.
Durante los próximos seis meses, los servidores públicos deberán residir en un domicilio fijo, abstenerse de molestar o acercarse a la víctima y testigos, y acreditar un curso de derechos humanos.
Los hechos ocurrieron en agosto de 2022, cuando los policías atendieron un reporte sobre una menor que lloraba sola en el interior de un domicilio. Tras localizarla, la trasladaron a la Comisaría de Seguridad Ciudadana sin dar vista al Ministerio Público ni a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece la ley.
La niña fue entregada a la trabajadora social Delia “N”, quien en lugar de canalizarla al DIF la mantuvo en separos de la corporación y localizó a la madre mediante redes sociales para que la recogiera. Aunque el padre tenía la custodia provisional y acudió por la menor, fue detenido por los oficiales, quienes argumentaron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.
El caso fue denunciado ante la Fiscalía Estatal y turnado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que en diciembre de 2024 logró la vinculación a proceso de los tres funcionarios.
Con el acuerdo judicial alcanzado este martes, el procedimiento queda suspendido, condicionado al cumplimiento de las medidas y al pago económico fijado por el juez.