
Veracruz sin cobertura, el gobierno de Rocío Nahle no renovó el seguro contra desastres naturales en plena temporada de lluvias.
En medio de la devastación causada por las intensas lluvias que han azotado el norte del estado, dejando al menos 15 muertos, decenas de desaparecidos y miles de damnificados, se ha destapado una grave omisión en la administración de la gobernadora Rocío Nahle: la no renovación de la póliza de seguro catastrófico contra desastres naturales, que dejó a Veracruz desprotegido desde el 1 de junio pasado.
La póliza anterior, contratada por la gestión del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez con la aseguradora Seguros Ve por Más, bajo el número 100-77485-02, cubría de manera integral los riesgos en todo el territorio veracruzano.
Esta póliza, vigente desde el 31 de mayo de 2024 hasta el 30 de mayo de 2025, protegía contra daños directos e indirectos por fenómenos como avalanchas, erupciones volcánicas, hundimientos, terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, lluvias severas y ciclones, con una cobertura aproximada de 400 millones de pesos.
Sin embargo, el gobierno de Nahle optó por no renovarla, a pesar de que la Ley General de Protección Civil y la normativa estatal obligan a los gobiernos locales a contratar mecanismos de transferencia de riesgos para cubrir daños en bienes, infraestructura y servicios esenciales.
Analistas y medios locales han calificado la decisión como una «irresponsabilidad» que expone al estado a vulnerabilidades financieras, especialmente en una región propensa a fenómenos hidrometeorológicos.
El impacto de esta omisión se hizo evidente con el desbordamiento del río Cazones en municipios como Poza Rica, donde las inundaciones han destruido viviendas, colapsado puentes y dejado comunidades incomunicadas.
Cifras preliminares reportan más de 300 mil afectados, con un saldo trágico que incluye al menos 18 fallecidos en Veracruz y decenas de desaparecidos.
Durante una visita a la zona, la gobernadora fue confrontada por ciudadanos indignados, quienes exigieron explicaciones por la lentitud en la respuesta y la falta de ayuda inmediata; Nahle minimizó el evento calificándolo de «ligero», lo que generó mayor controversia.
La ausencia de cobertura también complica la declaratoria de emergencia federal, ya que la normativa exige mecanismos financieros estatales para activar apoyos del gobierno central.
En este contexto, el estado ha recurrido a modificaciones en el Fideicomiso de Protección Civil, creado en 2019, para destinar recursos a la remediación de daños, adquisición de suministros y reparación de viviendas, pero expertos advierten que estos fondos no bastan para la magnitud de la crisis.
La popularidad de Nahle, que ronda el 49.1% según encuestas recientes, podría resentirse aún más por este episodio, que se suma a críticas sobre la designación de perfiles no especializados en áreas clave, como la Secretaría de Protección Civil, encabezada por Guadalupe Osorno Maldonado, antropóloga con formación limitada en gestión de riesgos.
