La propuesta enviada por el Gobierno federal busca unificar criterios en todo el país y perseguir este delito de oficio, sin necesidad de una denuncia previa, así como multas de hasta 56 mil 570 pesos.
El Gobierno de México prepara una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y Delitos Vinculados, con la que se impondrán penas de seis a quince años de prisión y multas que podrían alcanzar los 56 mil 570 pesos para quienes cometan este ilícito.
La iniciativa, anunciada por Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, fue presentada durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El objetivo central, explicó, es homologar el tipo penal en todo el país y garantizar que la extorsión se persiga de oficio, sin depender de una denuncia para iniciar la investigación.
“Lo que se pretende es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio”, señaló Godoy, al detallar que el proyecto contempla agravantes como el cobro de piso, así como los casos donde las víctimas sean menores de edad, migrantes, servidoras públicas o cuando el delito se cometa desde centros penitenciarios.
La propuesta también eleva a rango de ley la estrategia nacional contra la extorsión, actualmente operada a través de la línea de denuncia anónima 089, la cual ha mostrado resultados positivos en prevención y atención ciudadana.
Además, se plantean reformas a diversas leyes federales, entre ellas el Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el fin de que la extorsión sea considerada un delito sujeto a extinción de dominio.