Tribunal Internacional ratifica sentencia contra el Tren Maya por ecocidio y etnocidio, la resolución, fue entregada formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena en ella se responsabiliza al Estado mexicano por la violación de derechos fundamentales de la naturaleza y de los pueblos mayas peninsulares.
El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ha ratificado su sentencia original de 2023 contra el megaproyecto del Tren Maya, concluyendo que la obra ferroviaria impulsada por el gobierno mexicano ha causado daños graves, permanentes e irreversibles a los ecosistemas de la Península de Yucatán, configurando un caso claro de ecocidio y etnocidio.
La resolución, entregada formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, durante la Semana del Clima en Nueva York, responsabiliza al Estado mexicano por la violación de derechos fundamentales de la naturaleza y de los pueblos mayas peninsulares.
El TIDN, creado en 2014 por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza como un foro ciudadano no vinculante para denunciar violaciones ambientales, analizó el caso del Tren Maya durante su octava sesión en Valladolid, México, en marzo de 2023.
En esa ocasión, el tribunal emitió un veredicto preliminar que condenaba la suspensión inmediata del proyecto por «crímenes de ecocidio y etnocidio», citando la destrucción de selvas, cenotes, cuevas y biodiversidad, así como la afectación a los derechos colectivos de comunidades indígenas mayas.
La sentencia inicial ordenaba una auditoría independiente e intercultural, la desmilitarización de territorios y la reparación integral de ecosistemas dañados.
Este año, tras una misión de observación en abril de 2025 en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, que atraviesan Quintana Roo y Yucatán, el tribunal actualizó su resolución basándose en evidencias directas de agravamiento de los impactos.
La entrega oficial de la sentencia física y firmada se realizó el 17 de octubre a través de la Misión Permanente de México ante la ONU, por Natalia Greene, secretaria del TIDN, y Mia Macdonald, de Brighter Green.
El tribunal documentó una serie de afectaciones que califican como ecocidio, destrucción masiva e intencional de ecosistemas y etnocidio por erosión cultural y territorial de pueblos indígenas
Además señalan la deforestación de más de 11,000 hectáreas de selva, fragmentación del territorio que altera la conectividad ecológica, destrucción de hábitats para especies en peligro como el jaguar y el mono araña, contaminación de suelos y agua, y daños irreversibles a sistemas de cenotes y cuevas, incluyendo interferencias en flujos hidrológicos que provocan inundaciones en áreas urbanas y agrícolas.
Estos impactos violan derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, como el acceso a agua limpia y aire puro.
El tribunal denuncia un «crecimiento desmedido del turismo masivo» y planes de carga que exacerbarán estos efectos, configurando un patrón de etnocidio.
El veredicto enfatiza que estos daños eran «previsibles» desde 2023, ignorados pese a advertencias de organizaciones comunitarias e investigadores, y agravados por la ausencia de un Plan Maestro público y la militarización del proyecto.
La sentencia insta al gobierno mexicano a acciones inmediatas entre ellas detener la expansión del Tren Maya y sus componentes asociados de turismo y carga.
Realizar auditorías independientes para restaurar ecosistemas, con participación indígena. Declarar la naturaleza como sujeto de derechos vía enmienda constitucional en Yucatán; proteger cenotes como patrimonio. Crear un mecanismo de seguimiento con la ONU para verificar cumplimiento.
El TIDN también extendió su análisis a megaproyectos relacionados, como mega-granjas porcinas en Yucatán, por sus impactos en agua y salud comunitaria.
Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible respaldan el fallo, viéndolo como jurisprudencia modelo para litigios ambientales.
Hasta la fecha, el gobierno no ha emitido una respuesta oficial, pero el proyecto sigue operativo pese a suspensiones judiciales previas en México.
Esta resolución subraya la tensión entre desarrollo económico y sostenibilidad en megaproyectos insignia, recordando la necesidad de priorizar derechos bioculturales en la región maya.