Vinculan a proceso de Nazario «R» por delitos federales

Vinculan a proceso de Nazario «R» por delitos federales, el imputado enfrenta cargos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, así como por posesión ilegal de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

 

Un juez federal de control especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en Puente Grande, Jalisco, dictó auto de vinculación a proceso contra Nazario «R», exlíder sindical del Frente Transportista adscrito a la Confederación de Trabajadores de México.

El imputado enfrenta cargos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, específicamente la venta de clorhidrato de metanfetamina y marihuana, así como por posesión ilegal de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La decisión judicial se tomó tras la audiencia inicial, donde la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, presentó elementos de prueba suficientes derivados de un operativo federal realizado el 15 de octubre en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara.

Durante la acción, coordinada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que incluyó a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el lugar, se aseguraron dos armas cortas, 10 cargadores, 186 cartuchos útiles, un kilogramo y 170 dosis de metanfetamina, tabletas de MDMA, marihuana, dispositivos electrónicos así como cinco vehículos, entre ellos una camioneta blindada, una motocicleta y una cuatrimoto.

Nazario «R», de 45 años y originario de Jalisco, es señalado como operador clave de una célula del CJNG, organización catalogada como terrorista por Estados Unidos en febrero de 2025.

Según las autoridades, utilizaba su posición como líder sindical en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y El Salto para encubrir actividades ilícitas, como extorsiones a transportistas, inmobiliarias y empresas de materiales de construcción, así como el narcomenudeo y el lavado de dinero en Jalisco y Puebla.

Fuentes federales, incluyendo al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, han destacado que Ramírez coordinaba esquemas de extorsión y distribución de drogas sintéticas entre el occidente y centro del país, aprovechando su influencia política y gremial para intimidar a víctimas y regular permisos de servicios.

Junto con Ramírez, también fueron vinculados a proceso sus colaboradores Juan Martín Espinosa Cervantes y Jorge Octavio Quezada Reynoso, detenidos en el mismo operativo. Los tres permanecen en prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 «Occidente» en Puente Grande, Jalisco, mientras se desarrolla una investigación complementaria con un plazo de cuatro meses.

El Ministerio Público Federal continúa recopilando pruebas para posibles ampliaciones de cargos, incluyendo asociación delictiva y lavado de recursos.

El caso ha generado revuelo por los presuntos nexos de Ramírez con figuras políticas. En Puebla, se le vincula sentimentalmente con Anallely López Hernández, delegada de Bienestar en la microrregión de Libres, y con el alcalde de Oriental, Fidel Flores Concha, quien lo presentó como «benefactor» en un evento público tres días antes de su captura.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus ha confirmado que Ramírez era un «objetivo prioritario» y que su administración colabora con la FGR para deslindar responsabilidades, aunque ha negado investigaciones locales en curso.

El gobierno federal, por su parte, ha enfatizado el compromiso de erradicar la infiltración del crimen organizado en estructuras sindicales y políticas.

Esta detención representa un golpe significativo al CJNG, uno de los grupos criminales más violentos de México, y subraya los esfuerzos interinstitucionales por combatir la extorsión y el narcotráfico en regiones clave. La FGR mantendrá el caso bajo reserva para proteger la integridad de la investigación.