En un contexto de tensiones bilaterales por el agua y crecientes protestas en el sector rural, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado medidas firmes para respaldar a los ganaderos y agricultores texanos afectados por la escasez hídrica en el Río Grande.
En contraste, en México, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta críticas por políticas que, según organizaciones campesinas, agravan la vulnerabilidad de los productores locales, incluyendo recortes presupuestales que impactan la Procuraduría Agraria y la reciente Ley General de Aguas, vista como un obstáculo para el acceso equitativo a recursos.
Desde su segundo mandato, Trump ha priorizado la defensa de los ganaderos texanos, cuya producción de cultivos y ganado en el Valle del Río Grande depende en gran medida del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 entre México y EE.UU.
Este acuerdo obliga a México a entregar 1.75 millones de acre-pies de agua cada cinco años, pero en el ciclo 2020-2025, México acumuló una deuda de más de 800,000 acre-pies, exacerbada por sequías regionales.
Trump amenazó con aranceles y sanciones, lo que resultó en un acuerdo bilateral para transferencias inmediatas de agua desde embalses internacionales y un aumento en los flujos de seis afluentes mexicanos del Río Grande.
Esto proporcionó alivio a corto plazo para la temporada de cultivo, beneficiando a miles de rancheros y evitando pérdidas estimadas en $1,000 millones por sequías previas.
El 8 de diciembre, Trump renovó las presiones, exigiendo 200,000 acre-pies adicionales antes del 31 de diciembre bajo amenaza de un arancel del 5% a importaciones mexicanas.
La estrategia de Trump combina diplomacia agresiva con alivio económico, como un fondo de $280 millones para productores del Valle del Río Grande.
En México, el gobierno de Sheinbaum ha promovido reformas para regular el agua, pero estas han generado un conflicto abierto con el sector campesino, que representa a más de 32,000 núcleos agrarios y enfrenta extorsiones, migración y falta de apoyo.
La nueva Ley General de Aguas, aprobada el 5 de diciembre en el Senado, prohíbe la transmisión de concesiones hídricas entre particulares, obligándolas a regresar al Estado para reasignación por la Comisión Nacional del Agua.
Aunque busca combatir el acaparamiento y mafias agrarias, los productores la ven como una «traición» que despoja derechos heredados y reduce el valor de sus tierras.
Organizaciones como el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano han bloqueado carreteras en 22 estados, aduanas y puentes, exigiendo precios justos para cosechas y modificaciones a la ley.
Líderes como Eraclio Rodríguez la llaman «el último clavo al ataúd del campo mexicano», argumentando que impide ventas o herencias de propiedades sin agua.
Respecto a la Procuraduría Agraria, el presupuesto del Programa de Procuración de Justicia Agraria ha caído casi a la mitad en términos reales en los últimos 7 años, afectando asesoría legal y resolución de conflictos en ejidos.
Sheinbaum ha negado persecuciones, pero acusó a algunos manifestantes de intereses políticos, lo que ha escalado las protestas.
La mandataria defiende la ley como un fin al «privilegio de unos cuantos» que venden agua a precios exorbitantes (hasta 300 millones de pesos anuales), priorizando el consumo humano y la soberanía alimentaria. Sin embargo, mesas de diálogo con Gobernación han fracasado, con campesinos abandonando negociaciones y amenazando paros indefinidos.
Ambas naciones enfrentan sequías compartidas, y el cumplimiento del Tratado de 1944 podría influir en futuras tensiones. Organizaciones campesinas urgen mesas directas con Sheinbaum para una «República Rural Justa», mientras Texas celebra avances.
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