Lo que inició como el reporte de una «estafa de película» contra la Comisaría de Techaluta de Montenegro ha derivado en una acusación penal directa contra los propios uniformados. La Fiscalía del Estado de Jalisco cumplimentó tres órdenes de aprehensión: dos contra elementos activos de la corporación y una más contra un taxista, señalados ahora como probables responsables del desfalco a la tesorería y la pérdida del armamento oficial.
El caso, que se dio a conocer inicialmente como un engaño telefónico donde supuestos delincuentes se hicieron pasar por funcionarios para exigir el pago de una «multa urgente», ha sido desestimado en su primera versión por las autoridades estatales. Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco, confirmó que los detenidos ya se encuentran a disposición de un juez para enfrentar cargos por el delito de robo.
Inconsistencias en la defensa policial
Durante los interrogatorios, los agentes mantuvieron la narrativa de haber sido víctimas de una extorsión. Aseguraron que recibieron llamadas y mensajes, supuestamente del alcalde, ordenándoles sacar el dinero y entregar el equipo táctico. Sin embargo, para el Ministerio Público, esta coartada se desmorona ante las evidencias recabadas.
«De entrada, pues no resulta lógico ciertas cuestiones que nos apareció en la investigación», sentenció González de los Santos. La autoridad considera inverosímil que servidores públicos capacitados accedieran a desmantelar su propia comandancia y vaciar las arcas municipales basándose únicamente en instrucciones telefónicas, lo que motivó su captura inmediata.
El saldo del delito y los siguientes pasos
El inventario final del daño al erario y a la seguridad pública es contundente: se sustrajeron aproximadamente 170 mil pesos en efectivo y un lote de nueve armas de fuego, entre largas y cortas. Según las indagatorias, este material fue entregado al taxista ahora detenido, quien fungió como el enlace para mover los bienes fuera del municipio.
Aunque hasta el momento no se han encontrado antecedentes penales previos en los implicados, la audiencia de imputación fijada para la mañana siguiente será clave para definir su situación legal. La Fiscalía mantiene abierta la investigación rastreando las líneas telefónicas utilizadas, no para buscar a los «extorsionadores», sino para dar con posibles cómplices que hayan ayudado a orquestar el autorrobo o el abuso de autoridad.
Con información de Israel Orozco
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