El gobernador Pablo Lemus Navarro, a través del Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora presentó al Congreso del Estado la terna de candidatos para designar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cargo que será ocupado a partir del 15 de febrero próximo, en sustitución de Gerardo de la Cruz Tovar.
La terna incluye a:Tatiana Esther Anaya Zúñiga, actual consejera jurídica del Gobierno del Estado y exconsejera de la Judicatura.
Ricardo Sánchez Beruben, excoordinador general Estratégico de Seguridad durante la administración de Enrique Alfaro.
Eduardo Cipriano Manzanilla Aznárez, funcionario de la dirección jurídica de la Secretaría de Salud de Jalisco.
Los tres perfiles mantienen o han mantenido vínculos directos con dependencias del Ejecutivo estatal, lo que ha generado críticas por la aparente falta de independencia en la propuesta.
Aunque la ley no prohíbe la participación de funcionarios públicos, sectores de la sociedad civil y analistas han cuestionado si estos nombramientos garantizan la autonomía requerida para una fiscalía encargada de investigar actos de corrupción.
El proceso inició con la inscripción de 30 aspirantes en diciembre de 2025, posteriormente el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción evaluó los perfiles y este 7 de enero, identificó como los mejor calificados a Ricardo Sánchez Beruben con 34 puntos, Gustavo González Hernández con 32 puntos y Tatiana Anaya Zúñiga con 31 puntos.
Sin embargo, el gobernador optó por no incluir a González Hernández, quien trabaja en la Fiscalía Anticorrupción federal y tiene trayectoria en el PAN, e incorporó en su lugar a Cipriano Manzanilla y a Sánchez Beruben.
Salvador Zamora defendió la propuesta al señalar que ni la ley ni la convocatoria impiden la participación de servidores públicos, y enfatizó que la selección respeta el procedimiento legal.
El Congreso local realizará comparecencias de los ternados y deberá aprobar al nuevo fiscal con mayoría calificada, es decir dos terceras partes de los 38 diputados, 26 votos a favor, a más tardar el 20 de enero.
La designación será por un periodo de siete años, este nombramiento ocurre en un contexto donde Jalisco busca fortalecer su Sistema Estatal Anticorrupción, aunque la elección de perfiles cercanos al gobierno ha revivido debates sobre la verdadera independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
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