El exalcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, procesado el Rancho Izaguirre, un predio señalado como centro de reclutamiento, adiestramiento y operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación , ha generado indignación por la actitud adoptada en su defensa.
A pesar de las graves acusaciones de la Fiscalía General de la República que lo señalan como colaborador clave del cártel, incluyendo recibir pagos mensuales de alrededor de 70 mil pesos a cambio de proporcionar protección policial, permitir el porte de armas, facilitar el traslado de personas privadas de libertad y brindar vigilancia en el Rancho Izaguirre y otros sitios como La Vega, su equipo legal argumenta que no formaba parte de la estructura criminal.
En una apelación reciente reportada en enero de 2026, la defensa insiste en que Murguía Santiago no pertenece al CJNG, sino que actuó únicamente como un «facilitador» o «colaborador funcional» durante su periodo como alcalde.
Según esta postura, sus acciones encajarían en delitos menores como complicidad o encubrimiento, no en delincuencia organizada.
Esta minimización contrasta fuertemente con las pruebas presentadas por la FGR, basadas en testimonios de testigos protegidos y víctimas, que lo ubican participando activamente: ingresando al rancho junto a reclutadores como José Gregorio Lastra, prestando recursos municipales, como policías, patrullas y maquinaria, y determinando incluso quiénes «pasaban» las pruebas de reclutamiento forzoso.
El descaro radica en esta reducción cínica de un rol que, según las autoridades, implicó omisiones dolosas y colaboración directa con un cártel responsable de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones en un contexto de extrema violencia en Jalisco.
La defensa del ex alcalde de Movimiento Ciudadano opta por una narrativa que trivializa su presunta participación, presentándola como mera «facilitación logística» en lugar de la complicidad institucional que permitió el funcionamiento de un centro del terror.
Esta defensa no solo refleja cinismo ante la gravedad de los hechos —que involucran la desaparición de cientos de personas, muchas reclutadas con falsas promesas de empleo—, sino también un intento de evadir la responsabilidad plena en un esquema de corrupción y violencia que afectó profundamente a la sociedad de Teuchitlán y Jalisco.
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