El Gobierno de Jalisco ha incurrido en una grave irregularidad legal al utilizar sin autorización la imagen del reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny en una campaña oficial de promoción de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco, publicada en sus cuentas oficiales de redes sociales el 15 de febrero de 2026.
La publicación en cuestión presenta un fotomontaje inspirado en la icónica apariencia del artista durante su participación en el medio tiempo del Super Bowl, donde se le muestra sosteniendo la tarjeta con la frase: «Todas y todos quieren tener su Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. Así como Bad Bunny, tú también lánzate por tu Tarjeta Única…».
Hasta el momento, no existe evidencia pública de que el Gobierno estatal haya obtenido el consentimiento expreso del cantante o de sus representantes legales para explotar comercialmente su imagen y asociarla directamente con un programa gubernamental.
Esta acción constituye una clara violación al derecho a la propia imagen, protegido en México principalmente por el artículo 87 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que establece de manera categórica:«El retrato de una persona sólo puede ser usado o publicado, con su consentimiento expreso, o bien con el de sus representantes o los titulares de los derechos correspondientes.»
La norma es explícita: el uso publicitario o promocional de la imagen de cualquier persona —y con mayor razón de una figura pública como Bad Bunny, cuya imagen tiene un valor comercial altísimo— requiere autorización previa y expresa.
La excepción prevista en la propia ley (cuando la imagen forma parte menor de un conjunto o se trata de fines meramente informativos o periodísticos en lugares públicos) no aplica en este caso, ya que se trata de una campaña publicitaria gubernamental con fines de promoción institucional y captación de usuarios para un programa estatal.
El Gobierno de Jalisco, como autoridad pública, está obligado a actuar con ejemplaridad y apego estricto a la ley. Utilizar la imagen de un artista internacional sin permiso no solo representa una ilegalidad flagrante, sino que envía un mensaje sumamente negativo: que las instituciones pueden apropiarse arbitrariamente del patrimonio moral y económico de terceros cuando les conviene, burlando derechos fundamentales que ellas mismas deben garantizar y proteger.
Esta conducta es aún más reprobable porque:Se aprovecha del enorme poder de convocatoria y reconocimiento de Bad Bunny para legitimar y viralizar un programa público.
Expone al erario y a la administración estatal a posibles demandas civiles por daños y perjuicios, así como a procedimientos administrativos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por infracción a derechos de imagen.
El respeto a los derechos de imagen no es un lujo ni una cortesía: es una obligación legal y un pilar del Estado de derecho. Las autoridades no están por encima de la ley; están subordinadas a ella. Cualquier omisión o justificación en este caso solo agravaría la falta cometida.
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