Proponen blindar a Jalisco y evitar que candidatos con antecedentes penales lleguen al cargo

Proponen blindar a Jalisco y evitar que candidatos con antecedentes penales lleguen al cargo, buscan fortalecer mecanismos para evitar la infiltración del crimen organizado en procesos electorales.

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco presentó formalmente ante el Congreso del Estado una propuesta de iniciativas legislativas para fortalecer los mecanismos que impidan la infiltración del crimen organizado en espacios públicos de decisión y combatir la extorsión institucional.

Antonio Lancaster coordinador del CCIJ, expuso la necesidad de implementar controles más rigurosos para evitar que personas con vínculos a actividades ilícitas participen en procesos electorales o accedan a cargos de primer nivel en el servicio público.

“Tenemos que cerrarle la puerta para que el crimen organizado forme parte del gobierno. Debemos cerrar esa puerta para que en las elecciones no participen y para que también los funcionarios de primer nivel no pertenezcan. Y el segundo, mucho más importante que nadie habla de ello: la extorsión es el mayor de los cánceres que vive México, pero la principal extorsión es institucional, disfrazada de cobros, disfrazada de multas, disfrazada de miles de cosas”, señaló Lancaster.

Entre las medidas propuestas destacan: Elevar los estándares de elegibilidad para cargos públicos mediante requisitos más estrictos, incluyendo revisiones exhaustivas de antecedentes para prevenir la participación de individuos con presuntos nexos criminales.

Que la Fiscalía Anticorrupción investigue de oficio cualquier indicio de uso indebido del poder o prácticas corruptas.

Esta iniciativa surge en un contexto de preocupación creciente por casos recientes de presunta corrupción y extorsión disfrazada de legalidad en municipios de Jalisco, como el escándalo en Tequila, donde el exalcalde Diego Rivera Navarro fue detenido por acusaciones de extorsión y abuso de autoridad.

Empresarios denunciaron prácticas como aumentos excesivos en prediales, multas arbitrarias e inspecciones selectivas que se usaban para presionar pagos ilícitos, con reportes de más de una decena de afectados solo ante el CCIJ.

Lancaster ha enfatizado en diversas intervenciones que la extorsión institucional representa una de las formas más graves de corrupción, al operar bajo apariencia de legalidad mediante cobros, multas e inspecciones selectivas, lo que afecta directamente la confianza en las instituciones y el clima de inversión en el estado.

La entrega de la propuesta se realizó en el Congreso de Jalisco, donde se exhortó a los legisladores a trabajar en reformas que refuercen el blindaje institucional y promuevan mayor transparencia y accountability en el acceso al poder público.