Con el argumento de resguardar la seguridad institucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación optó por mantener confidencial la información sobre los vehículos que utiliza, fijando un plazo de reserva de cinco años.
Entre los datos restringidos se encuentran el modelo, precio y fecha de compra de un total de 151 unidades, incluidas aquellas con equipamiento especial para resguardo de funcionarios.
De acuerdo con el Comité de Transparencia, revelar estos elementos podría exponer formas de operación y medidas de seguridad, lo que implicaría un posible riesgo para quienes laboran en el tribunal.
A pesar de que se reconoció la adquisición de camionetas blindadas como la Jeep Grand Cherokee, el costo de estas también fue clasificado, lo que ha abierto el debate sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.
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