El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán se declaró incompetente para resolver el Procedimiento Especial Sancionador por violencia política en razón de género que promovió la alcaldesa de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García, en contra del senador Gerardo Fernández Noroña.
La denuncia de Quiroz se originó en declaraciones públicas del senador, realizadas principalmente en noviembre de 2025 y posteriores, en las que la acusó de utilizar el duelo por el asesinato de su esposo con fines políticos y de aspirar a la gubernatura de Michoacán.
La alcaldesa consideró estas expresiones como acoso, misoginia y violencia política de género.
En febrero de 2026, el Instituto Electoral de Michoacán ya había dictado medidas cautelares a favor de Quiroz, ordenando a Noroña retirar contenidos ofensivos, abstenerse de hostigamiento e intimidación, y cesar cualquier acto de molestia.
Por mayoría, el Tribunal determinó que no tiene competencia para conocer el caso. El argumento central: Grecia Quiroz no fue electa en las urnas, sino designada por el Congreso del Estado de Michoacán tras la ausencia definitiva de su esposo (asesinado en noviembre de 2025).
Por tanto, su cargo no genera derechos de “naturaleza político-electoral” en sentido estricto, y el asunto escapa de la materia electoral.
La magistrada Alma Rosa Bahena Villalobos emitió un voto particular en contra, advirtiendo que la resolución crea un vacío legal y deja en indefensión a servidoras públicas que acceden al cargo por suplencia o designación, violando principios de igualdad y perspectiva de género. La magistrada Ameli Gisell Navarro Lepe también votó en contra de la incompetencia.
La alcaldesa calificó la decisión como una “aberración jurídica” y una forma de discriminación que crea “servidoras públicas de primera y de segunda clase”.
Señaló que el Estado le exige cumplir todas las obligaciones del cargo pero le niega protección plena. Acusó al TEEM de “lavarse las manos” y ceder ante el poder, e incluso mencionó que una magistrada insinuó temor a represalias del Senado.
Quiroz anunció que impugnará la resolución ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando la “equivalencia funcional” del cargo: quien ejerce todas las responsabilidades debe tener los mismos derechos de protección.
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