Elementos de la Policía Estatal retiraron el plantón que integrantes del frente “Soy Papá, No Criminal” mantenían a las afueras de Casa Jalisco.
El desalojo ocurrió horas después de que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, manifestara públicamente su rechazo a la movilización y ordenara investigar las identidades de los participantes.
El operativo de remoción se efectuó luego de que las autoridades señalaran que algunos de los manifestantes presuntamente incurrieron en agresiones en contra de automovilistas de la zona.
Tras el retiro forzado de las estructuras y pancartas, la Secretaría de Seguridad del Estado informó que revisará el actuar de los elementos policiales involucrados para asegurar que no existieran excesos en la fuerza utilizada, advirtiendo sanciones en caso de comprobarse irregularidades.
La movilización, que comenzó la tarde del martes con una concentración en la Glorieta Minerva y se trasladó posteriormente a la residencia oficial del Ejecutivo, tenía como objetivo exigir reformas a la recién avalada tipificación de la violencia vicaria en la entidad.
El colectivo demanda que los criterios de custodia familiar y pensiones sean simétricos para hombres y mujeres, argumentando que el marco legal vigente es utilizado de forma asimétrica en disputas de guardia y custodia, afectando el derecho de convivencia de los menores con sus padres.
Sin embargo, el mandatario estatal fijó una postura tajante de rechazo hacia la manifestación, calificando de «machos alfa» a los organizadores y ordenando un cruce de datos con el Registro de Deudores Alimentarios:
“Debemos de entender que existe un problema muy grave en nuestro país de violencia contra las mujeres. Tenemos que ponernos del lado de ellas y ese es mi papel y mi compromiso. (…) Incluso he pedido darle una revisadita a los perfiles de algunos manifestantes para saber si son deudores alimentarios… Jamás me voy a poner del lado de los hombres violentadores”.
Coincidiendo con la jornada de protestas, el Ejecutivo estatal enfatizó la vigencia de las reformas legislativas que establecen la violencia vicaria como delito grave en Jalisco, el cual contempla penas de cuatro a ocho años de prisión, así como la suspensión inmediata de la patria potestad y la emisión de órdenes de protección en un plazo máximo de cuatro horas en favor de las mujeres afectadas.
Pese al desalojo del campamento, los representantes de «Soy Papá, No Criminal» sostuvieron que sus peticiones buscan visibilizar casos de alienación familiar y pidieron mesas de diálogo institucionales que dejen de criminalizar la paternidad en los procesos de separación judicial.
Para ampliar la información sobre los operativos policiales en la zona de la protesta, puede consultar el reporte sobre el Desalojo del plantón en Casa Jalisco, el cual detalla la intervención de la Secretaría de Seguridad estatal y las declaraciones posteriores del mandatario.
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