Bajo el argumento de la «austeridad republicana», el acceso a la justicia para el sector campesino e indígena en Jalisco ha sufrido su revés más severo en años.
El pasado 12 de mayo de 2026, el Pleno del Tribunal Superior Agrario emitió el Acuerdo General 11/2026, ordenando la extinción definitiva del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 16, con sede en Guadalajara, una medida que ha encendido las alarmas entre especialistas, defensores de derechos humanos y litigantes del sector.
El Maestro Carlos Ramírez, especialista en derecho agrario, advirtió en entrevista exclusiva con ZMG NOTICIAS que esta decisión centraliza y colapsa el sistema de justicia en el estado, vulnerando de manera diferenciada a los sectores más empobrecidos y geográficamente aislados, en especial a las 60 comunidades indígenas (como los pueblos wixárikas, nahuas y tepeuanes) y los cerca de 1,480 núcleos ejidales que componen el territorio jalisciense.
Con la desaparición del Distrito 16, la carga de trabajo —que incluye cientos de expedientes activos y un masivo archivo histórico acumulado desde 1992— se redistribuirá entre los dos tribunales restantes en el estado: el Distrito 13 y el Distrito 15.
«No hace falta ser jurista para darte cuenta de que los juzgados van a colapsar al recibir de trancazo 250 o 300 juicios nuevos cada uno», enfatizó el especialista.
A esta saturación de expedientes se suma una severa crisis operativa provocada por el recorte de presupuesto, personal, materiales básicos de papelería e incluso la proyección de eliminar figuras clave como la jefatura de control de procesos.
Según Ramírez, el origen de este estrangulamiento no radica en los propios tribunales, sino en la falta de asignación de recursos por parte del Gobierno Federal: «Nadie está obligado a lo imposible; trabajan con lo que pueden».
Uno de los puntos más críticos de la redistritación es el envío de expedientes de municipios de la costa sur de Jalisco (como Tomatlán, La Huerta y Zihuatlán) a la jurisdicción del Distrito 38, con sede en el estado de Colima.
Este cambio geográfico genera un doble impacto económico y burocrático para los campesinos.
Desplazarse desde comunidades rurales aisladas hacia otro estado implica recursos para transporte y hospedaje que los justiciables no poseen.
Las sentencias emitidas por el tribunal de Colima deben inscribirse obligatoriamente en la delegación del Registro Agrario Nacional de Jalisco, ubicada en Guadalajara, forzando a los afectados a realizar trayectos cruzados que vuelven la justicia un privilegio inalcanzable.
El Maestro Ramírez ilustró la gravedad de la situación con el caso de la comunidad indígena de Corrales, en Cabo Corrientes: «Para llegar de Puerto Vallarta a Corrales son tres horas y media, de las cuales dos son de pura terracería. ¿Tú crees que esa gente va a tener acceso a una justicia digna marchándose hasta Guadalajara o Colima?».
A esto se añade que la Procuraduría Agraria ha perdido residencias y presupuesto, dejando a los pueblos originarios sin asesoría jurídica gratuita y en la total indefensión.
Ante la pregunta de si existen herramientas de defensa, el especialista reconoció que se han promovido amparos y recursos por parte de colegios de abogados y comunidades, pero el panorama es desalentador. Ramírez denunció una pérdida sistemática de la independencia judicial frente al Poder Ejecutivo.
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