En una prolongada y tensa sesión legislativa, el Congreso del Estado de Jalisco rechazó la armonización de la reforma conocida como el «Plan B» electoral, una iniciativa impulsada a nivel federal para modificar las estructuras y presupuestos de los organismos y cargos de elección popular.
El rechazo se consumó a pesar de que el plazo legal para aprobar dichas modificaciones en la legislación estatal vencía este sábado 30 de mayo.
La jornada parlamentaria estuvo marcada por intensos debates, negociaciones de última hora y cambios de postura entre las distintas fuerzas políticas.
La votación final dividió los bloques legislativos: las bancadas de Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional sumaron votos para frenar la propuesta, mientras que las fracciones de Morena y sus partidos aliados votaron a favor de su implementación.
La propuesta buscaba modificar la Constitución local y replicar las medidas de austeridad y control sugeridas desde la Federación. Entre los puntos más controvertidos destacaban:
Sobre la reducción de regidurías la reforma busca limitar a un máximo de 15 el número de regidores en los cabildos de los 125 municipios del estado.
También pretende establecer un límite estricto al presupuesto anual del Poder Legislativo local para que no excediera el 0.70% del presupuesto total de egresos del Estado.
Ajustar las percepciones de los funcionarios electorales (consejeros y magistrados) para que no superaran las de la Presidencia de la República.
Y endurecer los requisitos para quienes aspiren a cargos de elección popular exigiendo constancias de no antecedentes penales ni sentencias por delitos relacionados con la delincuencia organizada o violencia de género.
Los opositores a la reforma argumentaron riesgos hacia el federalismo y el correcto funcionamiento institucional. La diputada priista Alondra Fausto de León, presidenta de la Mesa Directiva, aclaró que la postura no se debía a una negativa hacia la austeridad, sino a las formas.
«La democracia no se construye debilitando los mecanismos de evaluación ciudadana ni cerrando espacios de participación», puntualizó.
En esa misma línea, otros legisladores alertaron sobre posibles violaciones a la autonomía municipal al imponer topes fijos de operación a los ayuntamientos.
Por su parte, el bloque oficialista lamentó la falta de consenso. Miguel de la Rosa, coordinador de la bancada de Morena, criticó la premura y acusó una falta de voluntad política para sacar adelante el proyecto:
“Hoy hubo una precipitación, pudo haber salido el Plan B y pienso que hubiese salido completo con las disposiciones que tienen que ver con materia electoral y las disposiciones con la integración de requisitos para exigir mayor vigilancia a los aspirantes a cargos de elección popular”.
El debate no estuvo exento de confrontaciones directas. Durante la última etapa de la discusión, la sesión derivó en un intercambio de señalamientos cruzados y acusaciones de corrupción, donde salieron a relucir referencias a exgobernadores del estado y diversos actores políticos del pasado inmediato, lo que terminó por fragmentar cualquier posibilidad de acuerdo de última hora.
Con este resultado, Jalisco cierra la puerta a la homologación local del Plan B, manteniendo vigente su actual andamiaje electoral para los siguientes procesos comiciales.
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