La hostilidad y el asedio político por parte de funcionarios alineados a la llamada Cuarta Transformación en contra del empresario Ricardo Salinas Pliego sumó un nuevo y peculiar capítulo.
En una narrativa que analistas e internautas han calificado como un intento por desviar la atención y golpear los negocios del magnate, el Gobierno del Estado de Puebla vinculó de manera directa la venta de motocicletas Italika con la comisión de crímenes en la entidad.
Las declaraciones corrieron a cargo de José Luis García Parra, coordinador de Gabinete del gobierno poblano. El funcionario estatal arremetió públicamente asegurando que el 55 por ciento de los delitos que se cometen en el país se realizan a bordo de las unidades Italika, marca perteneciente al conglomerado de Salinas Pliego.
El señalamiento del funcionario no se dio de forma aislada. Ocurrió inmediatamente después de que Ricardo Salinas Pliego lanzara duras críticas a través de sus redes sociales contra Olinia, el proyecto de auto eléctrico impulsado por el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyas baterías de litio planean fabricarse justamente en el estado de Puebla.
En lugar de defender el proyecto federal con argumentos técnicos o económicos, la respuesta de la administración poblana —alineada a la 4T— consistió en atacar directamente el producto estrella de Grupo Salinas, tildando además al empresario de «usurero».
Italika es la marca líder de motocicletas en México gracias a su accesibilidad de financiamiento, lo que ha permitido la movilidad de millones de trabajadores.
Sin embargo, para los funcionarios poblanos, la popularidad del vehículo se ha convertido en el argumento perfecto para responsabilizar al sector privado de la inseguridad que sus propias policías no han podido contener.
Este episodio se suma a la larga lista de fricciones, auditorías fiscales y señalamientos directos desde las tribunas del poder hacia Salinas Pliego, quien se ha consolidado como una de las voces críticas más visibles frente a las políticas de la actual administración en México.
Especialistas en la materia apuntan a que culpar a una distribuidora de vehículos por el mal uso que delincuentes hagan de ellos sienta un precedente absurdo: bajo esa misma lógica, las armadoras automotrices internacionales serían corresponsables de los delitos viales o los robos en el país.
Con esto, queda en evidencia que la prioridad de ciertos sectores de la 4T en Puebla parece ser mantener el acoso sistemático contra el dueño de TV Azteca y Elektra, antes que resolver de fondo los problemas delictivos que aquejan a la ciudadanía.
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