Aunque aún no hay una estrategia clara para localizar centros de rehabilitación clandestinos, el gobernador de Jalisco sostuvo que el acuerdo con los presidentes municipales es de ser firmes con los operativos para supervisar y en su caso sancionar cuando detecten irregularidades.
«El acuerdo es que se va a actuar con firmeza, que se va a dar un plazo de dos meses para que regularicen su situación, que tengan sus permisos en orden en el ámbito municipal y estatal, son dos tramites distintos y dos dinámicas diferentes y que a partir de esto se va actuar con firmeza para evitar que estos centros operen en la clandestinidad y que generen un problema que pueda ser mayor del que pretenden resolver, creemos que son instituciones que sirven, que son importantes, muchas de ellas cumplen una función muy destacada, pero tenemos que actuar todos apegados a las normas para evitar que quienes operan en la clandestinidad generen problemas como los que vimos en semanas pasadas.»
Los integrantes de la Mesa de Seguridad establecieron 60 días para la regularización de establecimientos que operan fuera de la Ley en tanto que no están registrados; a partir de ese período comenzarán acciones administrativas por parte de los municipios.
A través de un comunicado, el gobierno del estado explicó que la autoridad estatal rechaza y sancionará por las instancias competentes cualquier maltrato o conducta ilegal aplicada con el aval de los administradores o propietarios hacia las personas que son atendidas en sus establecimientos, principalmente por ser violatorias de los derechos humanos de las personas internadas.
Tomaron como base los datos del Censo Estatal de Establecimientos de Atención Residencial de Adicciones 2021 en Jalisco, el cual tiene un registro de 390 establecimientos especializados en la atención de esta problemática, de los cuales, solo 85 cuentan con reconocimiento de la Comisión Nacional y el Consejo Estatal contra las adicciones.