Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte a México, la Organización de las Naciones Unidas podría iniciar procesos judiciales contra funcionarios públicos mexicanos por desapariciones forzadas
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU podría llevar el caso mexicano ante la Asamblea General si no hay un acuerdo en cinco meses
Será hasta septiembre cuando se decida si la crisis de desapariciones en México es llevada a la Asamblea General de la ONU o incluso hasta una Corte Penal.
El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas observó que las desapariciones en México “son sistemáticas o generalizadas” y debido a la gravedad de la situación en el país la Asamblea General de la ONU podría llamar a la corte.
Si México fuera declarado culpable de desapariciones forzadas en la Asamblea General de la ONU, podría enfrentar consecuencias graves, incluyendo sanciones económicas y políticas, así como la pérdida de apoyo internacional.
La reputación de México se vería afectada, lo que podría llevar a una disminución de la inversión extranjera y a la pérdida de apoyo en foros internacionales.
La Organización de las Naciones Unidas ha activado el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en relación con México. Esto se debe a la grave crisis de desapariciones forzadas en el país, con más de 126,000 personas desaparecidas y no localizadas.
Este comité considera que hay indicios «bien fundados» de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en México.
El gobierno mexicano deberá responder con información detallada y medidas concretas para abordar la crisis de desapariciones.
La activación del Artículo 34 podría afectar la posición de México en organismos multilaterales y aumentar la presión internacional sobre el país para que tome medidas efectivas para resolver la crisis.
El gobierno mexicano ha rechazado la activación del Artículo 34, acusando al CED de sesgo político y desconocimiento de la realidad del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado el procedimiento urgente activado por el CED, afirmando que no se ajusta a la realidad de México.