Diputados y senadores aprueban que gobierno espíe a ciudadanos, un maestro de primaria, un albañil o hasta un futbolista pueden ser espiados por el gobierno, y sin necesidad de pedir permiso, así lo probaron en el congreso los diputados y senadores de Morena y sus aliados incluido ahora Movimiento Ciudadano.
Diputados y senadores de la república le han dado un duro golpe a la democracia, un duro golpe a la ciudadanía, que confío en ellos para que legislen para su beneficio, este periodo extraordinario que hoy termina fue para probar reformas clave como la ley de la Guardia Nacional y, la ley de investigación e inteligencia, con las cuales se tendrá acceso a las bases de datos personales y los biométricos de la población sin necesidad de una orden judicial.
Estás leyes consolidan una infraestructura de vigilancia masiva sin precedentes en México, dónde prácticamente se legaliza el espionaje.
Con esto se tendrá acceso a una interconexión masiva de bases de datos a través del Sistema Nacional de Inteligencia. Esto implica que el Estado tendrá acceso registros fiscales, telefónicos, migratorios e incluso inmobiliarios, sin requerir orden judicial ni dejar constancia de sus consultas.
Senadores de la oposición así lo veían, al menos el senador por Jalisco Francisco Ramírez Acuña señaló que dice la bancada del pan se puso en claro que esta ley perjudicaba enormemente porque restringe la libertad y restringe la democracia y obviamente el gobierno tenga esas facultades crece el riesgo de un abuso de autoridad.
Organizaciones como R3D, Artículo 19 y Amnistía Internacional han advertido que la ley consolida un «Estado de vigilancia», incompatible con una sociedad democrática. La vigilancia masiva puede desincentivar la libertad de expresión y la participación ciudadana.
Los ciudadanos podrían abstenerse de expresar opiniones críticas o participar en protestas por miedo a ser monitoreados, lo que afecta la libertad de expresión y el derecho a la disidencia.
La «Ley Espía» afecta a los ciudadanos al exponer sus datos personales a una vigilancia potencialmente arbitraria, con riesgos de abuso, filtraciones y persecución. Aunque el gobierno argumenta que es una herramienta para combatir el crimen, la falta de transparencia, supervisión y contrapesos legales pone en peligro la privacidad, la libertad de expresión y los derechos humanos.
Los ciudadanos podrían enfrentar un entorno de vigilancia constante, especialmente aquellos que critiquen al gobierno o investiguen temas sensibles, como periodistas y activistas.