No hay dinero para salud ni educación, la retórica oficial de “por el bien de todos, primero los pobres” resuena en las conferencias matutinas, pero la realidad en los hospitales públicos cuenta otra historia, esto ha generado una crisis en el sistema de salud mexicano bajo el presupuesto 2025.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 es “completo y balanceado” y garantiza recursos para la salud, las evidencias de desabasto de medicamentos, saturación hospitalaria y recortes presupuestales en áreas clave del sector pintan un panorama preocupante para millones de mexicanos que dependen del sistema público de salud.
El PEF 2025, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre de 2024, destina 835.7 mil millones de pesos a los Programas para el Bienestar, con énfasis en iniciativas como la Pensión para Adultos Mayores (483 mil millones de pesos) y nuevas propuestas como la Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa.
Sin embargo, el presupuesto refleja una disminución del 7.6% en los ramos administrativos, incluyendo secretarías como la de Salud, lo que ha generado críticas por parte de la oposición y expertos que advierten un descuido en áreas fundamentales.
Aunque Sheinbaum ha desmentido recortes en salud, argumentando que los recursos están redistribuidos en el IMSS-Bienestar, la falta de claridad en la asignación de fondos y la persistencia de problemas estructurales en el sistema de salud alimentan el escepticismo.
El desabasto de medicamentos sigue siendo una de las principales fallas del sistema de salud mexicano. Usuarios y profesionales de la salud han denunciado en redes sociales y medios que hospitales públicos enfrentan carencias críticas de insumos básicos, desde analgésicos hasta tratamientos oncológicos.
A pesar de promesas reiteradas de resolver esta crisis –la más reciente en junio de 2025, cuando Sheinbaum afirmó que el abasto se solucionaría en julio–, la saturación en hospitales y la falta de medicamentos persisten, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas y aquellos sin acceso a seguridad social.
El programa Salud Casa por Casa, que promete atención domiciliaria para adultos mayores y personas con discapacidad, ha sido bien recibido, pero su presupuesto de 2 mil millones de pesos resulta insuficiente para abordar las necesidades de un sistema colapsado que atiende a más de 50 millones de personas sin cobertura médica privada.
Organizaciones como el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria han señalado que, aunque los programas sociales son esenciales, la priorización de subsidios sobre la inversión en infraestructura hospitalaria y personal médico podría agravar las brechas en el acceso a la salud.
La oposición, incluyendo voces del PRI y Movimiento Ciudadano, ha criticado que el enfoque en proyectos emblemáticos como el Tren Maya desvía recursos de sectores críticos como la salud y el medio ambiente, mientras el déficit público proyectado para 2025 (1.17 billones de pesos) incrementa la deuda del país al 54.4% del PIB.
La retórica oficial de “por el bien de todos, primero los pobres” resuena en las conferencias matutinas, pero la realidad en los hospitales públicos cuenta otra historia.
La población mexicana, especialmente la más vulnerable, enfrenta largas esperas, falta de medicamentos y servicios limitados, lo que pone en duda la efectividad de las políticas de la “Cuarta Transformación” en el sector salud. Mientras el gobierno celebra la ampliación de programas sociales, urge una revisión crítica de las prioridades presupuestales para garantizar que el derecho constitucional a la salud no quede solo en palabras.