Érika Pérez García, presidenta de Morena en Jalisco, presentó una demanda contra Laura Haro, dirigente estatal del PRI, por presuntamente difundir información falsa sobre la votación del aumento en las tarifas del SIAPA.
La presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro Ramírez, ha encabezado un movimiento ciudadano contra el incremento del 9.65% a las tarifas del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), aprobado el pasado 26 de junio por el Congreso de Jalisco.
Este ajuste, respaldado por las bancadas de Movimiento Ciudadano, Morena y sus aliados, ha generado un amplio rechazo social debido a la persistente mala calidad del servicio de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.
Haro anunció la presentación de un amparo colectivo ante un Juez de Distrito y una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para intentar revertir el aumento, al que califica como un «tarifazo» que no garantiza mejoras en el servicio.
Haro ha criticado duramente a MC y Morena, acusándolos de complicidad en lo que denomina un “atraco” a los ciudadanos, señalando que el aumento recaudará aproximadamente 300 millones de pesos sin resolver los problemas estructurales del SIAPA, como el suministro de agua de mala calidad y las inundaciones recurrentes en la ciudad.
En un giro inesperado, Morena, a través de su presidenta estatal Érika Pérez García, presentó una demanda contra Laura Haro y el PRI, acusándolos de mentir sobre la votación del aumento en el Congreso.
Según un comunicado difundido en redes sociales, Morena argumenta que el PRI tergiversa los hechos al culparlos exclusivamente, cuando en realidad el incremento fue apoyado por una coalición que incluye a MC y otros partidos.
Este movimiento ha sido interpretado como un intento de Morena por desviar la atención de su participación en la aprobación del tarifazo y contrarrestar la narrativa opositora liderada por Haro.
La demanda de Morena contra Haro y el PRI revela una estrategia política que busca neutralizar la creciente influencia de la dirigente priista, quien ha capitalizado el descontento social para posicionar al PRI como defensor de los intereses ciudadanos.
Sin embargo, la acción legal de Morena resulta contradictoria, ya que sus propios legisladores, salvo una excepción, votaron a favor del incremento, lo que los coloca en una posición de complicidad con MC, el partido gobernante en Jalisco.
Esta aparente alianza, que Haro ha denominado «Fosforenato», pone en evidencia las dinámicas de poder en el Congreso local, donde los intereses partidistas parecen priorizarse sobre las necesidades de la población.
Por otro lado, la respuesta de Morena con una demanda parece más una reacción defensiva que una estrategia sólida, especialmente considerando que no aborda las críticas de fondo sobre la calidad del agua ni las fallas estructurales del SIAPA.
Este enfrentamiento político, lejos de resolver la crisis del agua en Guadalajara, podría profundizar la polarización y el desencanto ciudadano hacia los partidos.
La batalla por el agua en Jalisco se ha convertido en un reflejo de las tensiones políticas en el estado, donde la ciudadanía, atrapada entre incrementos injustificados y un servicio deficiente, espera soluciones concretas más allá de las disputas partidistas.