Entre protestas de comuneros y supuesta presencia de Guardia Nacional avanza controversia por residencia de Noroña, la propiedad se encuentra en tierras comunales donde no está permitida la propiedad privada. Además, se ha señalado la presunta presencia de elementos de la Guardia Nacional resguardando la vivienda, lo que ha generado indignación entre los habitantes.
La controversia en torno a la residencia del senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos, ha escalado tras las protestas de comuneros locales, quienes denuncian que la propiedad se encuentra en tierras comunales donde no está permitida la propiedad privada.
Además, se ha señalado la presunta presencia de elementos de la Guardia Nacional resguardando la vivienda, lo que ha generado indignación entre los habitantes.
La casa, conocida como «La Casa del Silencio», ubicada en el paraje de Otlayo dentro del Área Natural Protegida Parque Nacional El Tepozteco, ha sido objeto de críticas debido a su adquisición irregular, según el Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán.
Félix Cuevas Medina, presidente del Comisariado, confirmó que no existe registro de la propiedad a nombre de Fernández Noroña ni de su esposa, Emma Ocampo Silva, y que el predio está en una zona donde la construcción de viviendas está prohibida por tratarse de tierras comunales y un área ecológica protegida.
El senador asegura haber adquirido la propiedad en noviembre de 2024 mediante un crédito, aunque investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad revelaron que el predio está registrado a nombre de Gisela María Hengl Fleissner, una ciudadana austriaca, y no de Noroña.
Además, el Registro Público de la Propiedad de Morelos no muestra evidencia de la transacción ni del crédito reportado por el legislador.
El viernes 29 de agosto, un grupo de comuneros se manifestó frente a la residencia, exigiendo su restitución al pueblo de Tepoztlán. Los manifestantes afirmaron que la propiedad es un bien comunal inalienable, respaldados por un decreto presidencial de 1929 que establece que las 23,800 hectáreas de Tepoztlán son propiedad comunal.
«El suelo de Tepoztlán es comunal. Ya basta de fraudes y corrupción», declararon durante la protesta.
Carlos Rojas, asesor jurídico del Comisariado, señaló que la adquisición de la casa es irregular, ya que no es posible obtener un crédito hipotecario sobre tierras comunales, y advirtió que el caso podría derivar en un juicio similar al que anuló las escrituras del Club de Golf en Tepoztlán hace tres décadas.
El conflicto tomó un nuevo giro tras las acusaciones del diputado local del PAN, Daniel Martínez Terrazas, quien denunció que elementos de la Guardia Nacional resguardan la casa de Fernández Noroña.
Según Martínez, los pobladores que intentaron manifestarse fueron intimidados por la presencia de la Guardia Nacional y elementos de Seguridad Nacional, quienes, en lugar de proteger a la comunidad, estarían «defendiendo privilegios» del senador.
Esta afirmación ha generado molestia entre los comuneros, quienes consideran que el uso de fuerzas federales para proteger una propiedad privada en un contexto de irregularidades es un abuso de poder.
El presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz Rendón, ha reiterado que no existe propiedad privada en el municipio, ya que el 80% de las tierras son comunales y el 20% ejidales. Quiroz señaló que cualquier transacción de compra-venta en la zona es irregular y que Noroña debería regularizar su situación y pagar el impuesto predial correspondiente. Por su parte, el secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, instó al senador a asumir la responsabilidad de regularizar la propiedad, destacando un rezago histórico en el ordenamiento territorial en Tepoztlán y Huitzilac.
La controversia ha avivado el debate sobre la congruencia del discurso de austeridad de la Cuarta Transformación con las acciones de sus representantes.
Noroña, quien previamente criticaba los lujos de las élites políticas, ha defendido su derecho a gastar sus ingresos legítimos, asegurando que la casa fue adquirida con su sueldo y ganancias de su canal de YouTube. Sin embargo, la falta de transparencia en la transacción y las acusaciones de irregularidades han intensificado las críticas.