De experto en inteligencia a operador de red de huachicol fiscal - ZMG Noticias

De experto en inteligencia a operador de red de huachicol fiscal, el Capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz comenzó con una carrera destacada en el combate al crimen organizado hasta caer en un escándalo de corrupción que sacude a la institución naval, con vínculos a sobornos millonarios, lavado de dinero y posible tráfico de fentanilo.

 

El capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido por sus alias «Rey Sol» y «Capitán Sol», ha sido identificado por la Fiscalía General de la República como un operador clave en una extensa red de contrabando de combustible ilegal, conocida como huachicol fiscal, que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina-Armada de México y funcionarios de aduanas.

Lo que comenzó como una carrera destacada en el combate al crimen organizado ha derivado en un escándalo de corrupción que sacude a la institución naval, con vínculos a sobornos millonarios, lavado de dinero y posible tráfico de fentanilo.

Solano Ruiz ingresó a la Heroica Escuela Naval Militar en 1994, donde inició su formación como oficial de la Marina. A lo largo de su carrera, se especializó en tareas de inteligencia y análisis contra la delincuencia organizada.

Entre 2015 y 2017, trabajó en la entonces Procuraduría General de la República, bajo las órdenes del subprocurador federal Gustavo Salas Chávez –hoy fiscal general de Sonora–, donde fungió como director en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

Previamente, en 2015, dirigió el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y se desempeñó como fiscal especial en delitos contra la libertad de expresión, participando en expedientes de alto impacto relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

En la Semar, Solano Ruiz colaboró en áreas de inteligencia naval, incluyendo la Subsección de Narcotráfico. Tras su comisión en la PGR, solicitó su baja indefinida y se retiró voluntariamente a principios de 2017.

Sin embargo, según reportes de inteligencia de la FGR, su experiencia en estas dependencias le permitió articular redes de corrupción una vez fuera del servicio activo.

La investigación de la FGR, revelada a través de reportajes de medios como Reforma y El País, señala a Solano Ruiz como el enlace principal de los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, almirante José Rafael Ojeda Durán.

Los hermanos Farías, apodados «Los Primos», presuntamente lideraban la red desde 2022, colocando a marinos leales en aduanas clave para facilitar el contrabando de combustible disfrazado como «aceites» o mercancías legales.

Solano Ruiz coordinaba el reclutamiento de personal y la entrega de sobornos. Un testigo protegido, identificado como «Santo» y exdirector de la Aduana de Altamira, confesó haber recibido 29.5 millones de pesos en efectivo por permitir la descarga de 14 buques con huachicol fiscal entre abril de 2024 y enero de 2025.

Otro testigo, el capitán Alejandro Torres Joaquín –exdirector de la Aduana de Tampico–, admitió haber recibido 100 mil pesos mensuales y hasta 1.7 millones por buque protegido, con Solano Ruiz como intermediario en los pagos.

La red operaba principalmente en las aduanas de Tampico y Altamira en el estado de Tamaulipas, así como en puertos como Manzanillo en Colima y Guaymas en Sonora, dónde hoy se encuentra como Fiscal Gustavo Salas Chávez.

En total, se estima que generó ingresos ilícitos por decenas de millones de pesos, con protección naval para el regreso de embarcaciones a mar abierto en caso de inspecciones.

Hasta la fecha, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha detenido a 14 personas, incluyendo a los hermanos Farías Laguna y otros marinos como Fernando Ernesto Magaña Gutiérrez, Carlos de Jesús Estudillo Villalobos y Sergio Varela Morales.

Ojeda Durán ha sido vinculado a proceso por un juez federal por su presunta participación, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum defiende su honorabilidad.

 

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