Jaime Lastra es el vínculo entre Adán Augusto López y Hernán Bermúdez, los tres formaron un grupo íntimo desde los años 90, desde el PRI nunca han dejado de estar presentes en el poder en el estado de Tabasco, entidad que ahora sufre las consecuencias de inseguridad, corrupción y nexos con el crimen organizado.
En un contexto de crecientes revelaciones sobre presuntos nexos entre figuras políticas de Morena y el crimen organizado en Tabasco, se ha señalado al actual diputado federal por Morena, Jaime Humberto Lastra Bastar como el «vínculo directo» entre el senador Adán Augusto López Hernández y el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Hernán Bermúdez Requena.
Fue Lastra Bastar quien facilitó la integración de Bermúdez en estructuras de poder estatales, consolidando una red de influencias que se remonta a tres décadas atrás.
La conexión entre López Hernández, Lastra y Bermúdez se forja en los años 90, durante el gobierno priista de Manuel Gurría Ordóñez en Tabasco a principio de los 90.
En esa administración, Adán Augusto ocupaba la subsecretaría de Gobierno y Asuntos Jurídicos, mientras que Jaime Lastra era titular de Seguridad Pública estatal.
Fue Lastra quien impulsó la carrera de Bermúdez, entonces un expolicía de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal con escasa experiencia, nombrándolo director de Seguridad del Estado.
Fuentes políticas tabasqueñas describen este trío –completado por Humberto Bermúdez, hermano constructor de Hernán– como un «círculo compacto de amigos de juventud» proveniente de familias rancheras influyentes en la región.
Todos son abogados y notarios públicos, con López Hernández actuando como notario de confianza para registrar al menos 28 empresas de la familia Bermúdez.Este lazo se fortaleció en administraciones posteriores.
En el gobierno de Manuel Andrade Díaz, López Hernández fue coordinador de campaña y candidato interino a la gubernatura, designando a Lastra como secretario de Gobierno. Bermúdez, por su parte, ya enfrentaba señalamientos tempranos: en junio de 2006, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada lo capturó por presuntos vínculos delictivos, aunque fue liberado poco después.
El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018 catapultó a Adán Augusto a la gubernatura de Tabasco, llevando consigo a su clan. López designó a Lastra como fiscal general del estado, cargo desde el cual este colocó a Bermúdez como director de la Policía de Investigación.
En 2020, Bermúdez escaló a secretario de Seguridad Pública, pese a advertencias explícitas. En 2018, consultores en seguridad alertaron al gobernador electo sobre los «narconexos» de Bermúdez, quien ya era señalado por inteligencia militar como operador de «La Barredora», grupo que inició con delitos menores como abigeato y robo, pero evolucionó a extorsiones y secuestros.
Bajo esta estructura, el grupo se consolidó, operando con impunidad en Chiapas, Tabasco y Veracruz, donde exfuncionarios afines a «la barredora» ocuparon puestos clave.
Bermúdez huyó en febrero de 2025 tras filtraciones de la Secretaría de la Defensa Nacional que lo identificaban como líder criminal.
Detenido en Paraguay el 16 de septiembre de 2025, fue extraditado a México, donde la Fiscalía General de la República lo acusa de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.
Sin embargo, no fue extraditado si no expulsado con la intención de convertirlo en testigo protegido, otorgando «libertad de acción» a las autoridades. En este escenario, Lastra emerge como figura pivotal: no solo recomendó a Bermúdez en 2018 durante la campaña de Adán Augusto, sino que su silencio actual alimenta sospechas de omisión.
Adán Augusto, coordinador de Morena en el Senado, se deslinda: «Nunca sospeché de él» y «toda su tiznadera me tiene sin cuidado», reconociendo una amistad de más de 20 años pero negando reportes de inteligencia.
Sin embargo, su rol como notario en negocios de los Bermúdez y la designación de Bermúdez pese a alertas contradicen esta versión.
Con Bermúdez en México, expertos prevén que en 60 días podría delatar a sus protectores, potencialmente salpicando a Lastra y López Hernández.
La designación de Bermúdez como testigo protegido podría «liberar» a las autoridades de presiones, pero expone cómo redes de amiguismo priista recicladas en Morena facilitaron el crimen.
Mientras Lastra guarda silencio en el Congreso, el caso reaviva debates sobre la «honestidad valiente» prometida por la 4T.