Gobierno Federal profundiza el abandono al campo mexicano: Procuraduría Agraria ya ni para rentar oficinas tiene por lo que se ve obligada a cerrar y reubicar varias de sus oficinas en todo el país a instalaciones prestadas.
En un nuevo capítulo del desinterés sistemático del Gobierno Federal hacia el sector agrario, la Procuraduría Agraria anunció oficialmente que, por falta de recursos presupuestales, se ve obligada a cerrar y reubicar varias de sus oficinas en todo el país a instalaciones prestadas del propio gobierno, admitiendo implícitamente que no cuenta con presupuesto suficiente ni siquiera para pagar la renta de sus sedes actuales.
Bajo el pretexto de la “política de austeridad republicana” y la “optimización de recursos”, la institución encargada de defender la propiedad social ejidal y comunal reconoce que debe abandonar sus espacios propios y mudarse a edificios federales, lo que representa una reducción efectiva de su capacidad operativa y presencia territorial en las zonas rurales más apartadas.
Lejos de ser un simple ajuste administrativo, esta medida evidencia el recorte sostenido al presupuesto de la Procuraduría Agraria durante los últimos años, que ha dejado a la dependencia sin capacidad para mantener una infraestructura mínima digna.
Organizaciones campesinas y especialistas han advertido que estos traslados implicarán mayor distancia física entre los ejidatarios y los abogados que los atienden, lo que dificultará aún más el acceso a la justicia agraria en un contexto donde los conflictos por la tierra no han disminuido.
Mientras el gobierno presume “austeridad”, los ejidos y comunidades agrarias –que representan más del 52% del territorio nacional– siguen padeciendo el abandono: trámites rezagados, falta de personal técnico y jurídico en campo, y ahora oficinas cerradas o reubicadas a lugares muchas veces inaccesibles para los productores del sector social.
Con este nuevo episodio, queda claro que la prioridad del Gobierno Federal está muy lejos del campo mexicano. Ni siquiera alcanza para pagar la renta de quien debería garantizar la certeza jurídica de millones de ejidatarios y comuneros.
