Denuncian desplazamiento forzado por desarrollo inmobiliario en Guadalajara
Denuncian desplazamiento forzado por desarrollo inmobiliario en Guadalajara
Ana Guadalupe Sarabia, de 76 años y vecina de la colonia Arcos Vallarta, denuncia haber sido víctima de daños estructurales causados por la construcción de la torre de 26 departamentos Casa Tejada, desarrollada por Grupo Aravel (propiedad de José Julián Aragonés Muñoz y José Andrés Velázquez Santos) desde 2018.
Sarabia, quien vivió más de 60 años en su hogar en la calle Lerdo de Tejada 2450 —donde operaba una estética, agencia de viajes y lonchería familiar—, relata que la obra provocó fracturas en muros, pisos desnivelados y riesgo de colapso.
En 2019, Protección Civil de Guadalajara ordenó su desalojo, obligándola a abandonar el inmueble y cerrar sus negocios.
Inicialmente, la desarrolladora firmó un compromiso notariado para reparar los daños, pero Sarabia afirma que las reparaciones fueron incompletas y no cumplieron con lo acordado.
Tras ganar un juicio civil que reconoció los perjuicios y ordenó indemnización, la ejecución de la sentencia ha sido suspendida por amparos promovidos por Grupo Aravel y una tercera parte, Mónica Santos Torres, según reportes.
En 2025, Sarabia anunció su intención de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso para revisar los amparos, que considera dilatorios y maliciosos, y garantizar la reparación integral.
Exige también investigar posibles delitos relacionados con corrupción inmobiliaria y negligencia de autoridades municipales durante la gestión de Pablo Lemus en su tiempo como alcalde de Guadalajara, acusadas de permitir irregularidades en usos de suelo y exceso de niveles.
El caso se enmarca en un patrón de desplazamiento forzado por desarrollos verticales en colonias como Arcos Vallarta y Obrera Lafayette.
Sarabia ha recuperado el acceso a su vivienda en 2024 tras años de litigio, pero reclama que los daños no han sido resarcidos plenamente.
La afectada enfatiza: “Mi lucha es por todas las vecinas y vecinos que se niegan a ser expulsados de sus hogares por la codicia inmobiliaria”. El caso permanece en trámite judicial federal.