Diputada propone eliminar restricciones al matrimonio y divorcio, y erradicar el término «hijo ilegítimo»

La diputada Taygete Rodríguez González presentó una iniciativa para reformar el Código Civil Federal y eliminar los plazos establecidos para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, así como erradicar el término «hijo ilegítimo».

La diputada Taygete Irisay Rodríguez González, perteneciente al partido Movimiento Ciudadano, ha presentado una propuesta para reformar de manera significativa el Código Civil Federal. Su iniciativa busca eliminar una serie de restricciones que actualmente limitan el derecho de las personas a contraer matrimonio y divorciarse libremente.

Uno de los puntos centrales de esta propuesta es la eliminación del término «hijo ilegítimo» y su sustitución por «hijo concebido fuera del matrimonio». La diputada argumenta que la etiqueta de «ilegítimo» es discriminatoria y violenta contra los niños, pues implica una valoración negativa sobre su existencia y puede generar sentimientos de culpa y baja autoestima.

Además de este cambio lingüístico, la iniciativa plantea eliminar los plazos establecidos para solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, así como las restricciones para volver a contraer matrimonio después de un divorcio. Según la diputada Rodríguez González, estas restricciones son arbitrarias y limitan la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su vida personal.

«Estas disposiciones establecen restricciones a la posibilidad de contraer matrimonio libremente y demandar libremente su disolución, por lo que pueden constituir un acto de discriminación en el caso de que se apliquen bajo criterios inherentes a la persona», afirmó la diputada.

La legisladora enfatizó la importancia de proteger los derechos de la niñez y de eliminar cualquier tipo de discriminación en las leyes. «No podemos permitir que esta disposición, que representa un acto de violencia contra la niñez, siga existiendo en nuestra normativa nacional», señaló.

La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y posterior discusión en el pleno del Congreso. Su aprobación representaría un avance significativo en la protección de los derechos de las personas y en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.