Estados Unidos vincula a diputada de Morena con el Cártel de Sinaloa; Hilda Araceli Brown rechaza acusaciones y asegura no tener pruebas en su contra.
Las autoridades de Estados Unidos colocaron en el centro de la polémica a la diputada federal de Morena, Hilda Araceli Brown, luego de que el Departamento del Tesoro la señalara por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, lo que derivó en la cancelación de su visa y el bloqueo de sus cuentas financieras.
La propia legisladora confirmó este fin de semana la medida impuesta por el gobierno estadounidense y aseguró que devolvió su visa al consulado para evitar cualquier conflicto legal. Afirmó que las acusaciones carecen de sustento y que su trayectoria siempre ha estado ligada al sector turístico.
“Yo la visa la regresé vía DHL al consulado, yo no quiero tener ningún problema al respecto, yo siempre he sido una persona que ha trabajado inclusive con los turistas vecinos, mis padres y mi familia siempre nos hemos dedicado a la atención turística, que me investiguen porque nada van a encontrar”, expresó ante medios de comunicación.
Los señalamientos en su contra forman parte de un comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en el que se menciona que durante su gestión como presidenta municipal de Rosarito, entre 2021 y 2024, Brown habría operado a través de intermediarios vinculados a una célula del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el documento, Jesús González Lomelí, empresario restaurantero, y Candelario Arcega Aguirre, identificado como agente político ligado al grupo criminal, habrían servido como enlaces entre la entonces alcaldesa y los hermanos Alfonso y René Arzate, presuntos aliados de “Los Mayos”.
El Departamento del Tesoro sostiene que estas personas participaron en la recaudación de pagos por extorsión y facilitaron la operación del grupo delictivo, además de señalar que corporaciones de seguridad municipal habrían brindado protección a dichas actividades ilícitas.
Ante estos señalamientos, la diputada de Morena reiteró que en México no existe ninguna carpeta de investigación abierta en su contra. Aseguró que tanto autoridades federales de seguridad como instancias de procuración de justicia han descartado procesos legales en su contra.
“Ya lo dijo la presidenta de la República, no hay una sola prueba que me inculpe de lo que me están acusando de manera infame. Pero sí, a mí que me investiguen, yo sigo aquí trabajando, tranquila, porque el que nada debe, nada teme (…) para mí me da tranquilidad, inclusive que se me investigue, porque yo no tengo absolutamente ningún delito que me persiga.”
Hasta el momento, el señalamiento del gobierno estadounidense no ha derivado en acciones judiciales en territorio mexicano.