Morenista Sergio Chávez sigue en el ojo del huracán
Morenista Sergio Chávez sigue en el ojo del huracán, ahora surgen señalamientos por corrupción que envuelven proyecto de nuevo Rastro Municipal en Tonalá.
En medio de las gestiones para la creación de un nuevo Rastro Municipal en Tonalá, han comenzado a circular versiones que vinculan a familiares del actual alcalde, Sergio Chávez Dávalos, con presuntas irregularidades en el desarrollo del proyecto.
Estos señalamientos se suman a la reciente controversia mediática que ha llevado al primer edil a interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República por lo que él califica como una «campaña de difamación» en redes sociales y sitios digitales.
El antiguo rastro de Tonalá fue clausurado de manera definitiva tras años de operar bajo condiciones de insalubridad, falta de permisos ambientales y descargas indebidas de residuos al drenaje público, las cuales fueron documentadas por autoridades estatales como la Proepa.
Tras el cierre definitivo aprobado por el pleno del Ayuntamiento en enero de 2024, el alcalde Sergio Chávez ha impulsado el proyecto de un nuevo matadero, argumentando la necesidad de contar con instalaciones modernas y fuera de la mancha urbana, bajo un modelo de Asociación Público-Privada.
En la planeación y eventual ejecución de este nuevo proyecto estarían involucrados familiares del munícipe, señalando posibles conflictos de interés y opacidad en la adjudicación de las obras o terrenos.
Ante este escenario, el pasado 8 de junio, el alcalde Sergio Chávez Dávalos acudió personalmente a las oficinas de la FGR para presentar una denuncia formal por difamación.
El presidente municipal ha sostenido públicamente que estos ataques son parte de una estrategia para desestabilizar su administración y desacreditar el proyecto del nuevo rastro.
En sus declaraciones recientes, Chávez ha enfatizado que su gestión busca transparencia y que el nuevo rastro es una necesidad para los introductores de ganado, asegurando que cualquier proceso de concesión a particulares cumplirá con la legalidad vigente.
A la fecha, el gobierno municipal continúa con las gestiones administrativas para formalizar el proyecto, mientras que las autoridades investigadoras deberán determinar si los señalamientos contra el entorno del alcalde tienen sustento legal o si, como afirma el edil, se trata de una campaña mediática infundada.
La comunidad y el sector ganadero permanecen a la expectativa, toda vez que el municipio actualmente no cuenta con instalaciones propias para el sacrificio de ganado, lo que ha generado tensiones constantes y exigencias de soluciones prontas por parte de los afectados.