IJALVI defiende proyecto de Mirador San Isidro con una ley de hace 30 años
El proyecto para construir 200 departamentos en Mirador de San Isidro sigue con una suspensión provisional, luego de que el Séptimo Tribunal Federal Colegiado en Materia Administrativa de Jalisco desechó las quejas del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) y del Gobierno estatal, que buscaban revertir esas medida.
Ante este escenario, el IJALVI defendió que la obra cuenta con las autorizaciones necesarias y que no requiere de nuevas licencias ni de otro estudio de impacto ambiental. Sus argumentos quedaron en una ficha informativa que el organismo envió al Congreso del Estado y que recibió el columnista Carlos Martínez Macías, quien la publicó en Milenio en su columna “Legado, modelo antiguo y crisis nueva”.
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Para sostener que el terreno puede utilizarse para vivienda, el IJALVI recurrió a una autorización de hace más de 30 años. El instituto señala que las más de 12 hectáreas quedaron autorizadas para su urbanización desde el 28 de julio de 1994, cuando se expidió la licencia del fraccionamiento Mirador de San Isidro, con folio 02857.
Otro de sus argumentos tiene que ver con el destino del terreno. El IJALVI afirma que los espacios que los vecinos consideran áreas verdes fueron cedidos al Estado para construir escuelas, según la Ley de Fraccionamientos. Esa ley establecía entregar el 5% del terreno para equipamiento escolar y permitía cambiar su uso con autorización del Congreso si ya no se necesitaban escuelas.
Con ese argumento, el Congreso retiró el destino escolar del terreno y el 30 de abril de 2026 aprobó el dictamen 09050200/UAGU/DICT/2026/2-0018 para uso habitacional de viviendas verticales. El IJALVI también reportó permisos del SIAPA, CFE y movilidad, además de una licencia para movimientos de tierra, con oficio O/D-1246-26/JL, para iniciar obras el 22 de julio de 2026.
Sin embargo, los vecinos han cuestionado el proyecto por su cercanía con un arroyo, posibles afectaciones ambientales, las licencias y el uso del terreno. Pero por su parte, El IJALVI respondió que la ley no le exige consultar a los vecinos, aunque aseguró que realizó nueve acciones y reuniones para informarles.
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Aunque el IJALVI sostiene que el proyecto cumple con las reglas y permisos establecidos, queda por ver si una ley de hace 30 años responde a las necesidades actuales y previene las afectaciones que señalan los vecinos. Por ahora, el Tribunal desechó las quejas contra la suspensión, pero el caso sigue en proceso.