Teodoro Torres denuncia que arrastran a tres jóvenes manifestantes por agua limpia a un proceso penal por su activismo

Teodoro Jesús Torres Valdez, manifestante detenido tras participar en la megamarcha por el agua limpia en Guadalajara, señaló que las acusaciones contra Samuel Morales Navarro, Alexis Guzmán Ríos y Juan Darío Muñoz Nava podrían ser una estrategia para llevarlo a prisión por su activismo y sus denuncias contra el gobierno. Por ello, pidió separar a los tres jóvenes de su caso, pues aseguró que no los conocía antes de la detención y que, aunque todos están en una misma carpeta de investigación, no deben pagar por hechos que no cometieron.

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Torres Valdez cuestionó la versión de la Fiscalía, que señala que uno de los jóvenes lanzó una piedra de 30 centímetros, un tamaño que comparó con el de una regla y que considera poco creíble, por lo que pidió revisar las pruebas antes de responsabilizar a los detenidos; entre ellos está Samuel Morales, repartidor de Rappi, quien, según su testimonio, se encontraba trabajando cuando se acercó a observar la protesta.

El manifestante también denunció que sufrió golpes en la cabeza, las orejas, los ojos y las costillas durante su detención, en la que, según su testimonio, varias personas encapuchadas y vestidas de civil lo sujetaron por la espalda. Por ello, pidió que se compartan los videos de la movilización para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y contrastar su versión con la de las autoridades.

Ante esta situación, Torres Valdez pidió que se hagan públicos los videos de la detención de sus compañeros, pues aseguró que no les permitieron revisar las grabaciones del sistema de videovigilancia C5 y atribuyó esta restricción a una orden del gobernador Pablo Lemus, por lo que insistió en que las imágenes deben revisarse para esclarecer los hechos y evitar que los tres jóvenes sean acusados sin pruebas suficientes.

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Por el momento, este viernes 16 de octubre, Teodoro Jesús Torres Valdez y los tres jóvenes acudirán a una audiencia en Puente Grande para definir si serán vinculados a proceso, pese a que ya recuperaron su libertad, mientras siguen bajo la incertidumbre de enfrentar cargos por salir a las calles a exigir algo tan básico como agua limpia, un derecho que no debería costarles su tranquilidad ni su libertad.