Layda Sansores expropia terrenos a familia de ‘Alito’ Moreno, el líder nacional del PRI señaló que presentará una denuncia por abuso de autoridad en contra de la gobernadora de Campeche y de Claudia Sheinbaum por abuso de poder y persecución política.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció la expropiación de cuatro predios con una extensión total de ocho hectáreas, equivalentes a 80 mil metros cuadrados, ubicados en el fraccionamiento Miramar de la capital estatal, para la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con especialidad en ciencias de la salud.
Los terrenos, según la mandataria morenista, pertenecen a la madre de Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, y a personas cercanas a él, en un contexto de abierta confrontación política entre ambos.
Sansores celebró la medida como «un acto de justicia» y el primer uso de la recién reformada Ley de Expropiaciones del estado, aprobada el 2 de septiembre.
La ley reduce a cinco días el plazo para alegatos de los propietarios, extiende hasta 10 años el pago de indemnizaciones y deja en manos del Ejecutivo la valuación de los bienes.
«Hoy hicimos justicia… Será una universidad digna y bellísima», enfatizó la gobernadora, al detallar que el proyecto beneficiará a la juventud campechana al ampliar la oferta educativa en Medicina y Enfermería, alineándose con la política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los predios expropiados están registrados a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Moreno; dos más pertenecen al empresario y arquitecto Juan José Salazar Ferrer, señalado por Sansores como prestanombre del priista; y un cuarto a Rafael Arturo Castilla Azar y Gabriela Castilla Azar, vinculados a la política local.
Estos inmuebles, colindantes con la mansión de «Alito» Moreno —valuada en 300 millones de pesos y cateada en 2022 por presunto lavado de dinero—, incluyen áreas que albergaban una cancha de pádel, jardín para fiestas y caminos internos.
La declaratoria de utilidad pública se publicó el 29 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, bajo el expediente 001/SEGOB/SUBAJyDH/2025, y no admite recursos administrativos, solo juicios de amparo.
Sansores justificó la acción argumentando que «no hay otras alternativas» para el proyecto, ya que «a todas sus propiedades ya les puso prestanombres».
La mandataria también aludió al avance en el Senado de reformas a la Ley de Amparo, que limitarían suspensiones en procesos de expropiación.
Alejandro Moreno rechazó la expropiación como un «abuso de poder» y una «persecución política inconstitucional», según declaraciones recogidas en medios y redes sociales.
El senador priista anunció que demandará a Sansores por abuso de autoridad y extenderá acciones legales contra la presidenta Sheinbaum, a quien acusa de avalar la medida pese a que ya enfrenta denuncias por presunta adquisición irregular de terrenos en Lomas del Castillo entre 2012 y 2015.
Sheinbaum defendió la expropiación alegando que los predios fueron adquiridos con «recursos de lavado de dinero y corrupción».
El proceso de expropiación avanza sin suspensión provisional, y los afectados podrán negociar indemnizaciones, aunque la gobernadora advirtió que «ningún amparo detendrá» la construcción.
Este episodio intensifica la tensión entre Morena y el PRI en Campeche, un bastión histórico del tricolor ahora bajo control de la Cuarta Transformación.